AMPL.- Libertad bajo fianza de 150.000 euros para Barrientos y tres imputados en el caso 'Astapa'

MÁLAGA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona (Málaga), encargado del caso 'Astapa' contra la corrupción en dicha localidad, decretó hoy la puesta en libertad provisional bajo fianza de 150.000 euros de los cuatro imputados que hasta el momento permanecían en prisión, que son el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos, el que fuera su jefe de gabinete, José Flores, y los concejales del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina.

Los cuatro imputados tendrán la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante los juzgados y les serán retirados sus pasaportes, según informaron fuentes judiciales. La decisión de la juez instructora del caso se ha tomado después de que el ministerio fiscal haya solicitado hoy el cambio de la situación personal de los imputados, fijándose una fianza no superior a los 150.000 euros.

Según el auto de la jueza respecto a Barrientos, al que tuvo acceso Europa Press, se estima adecuada la imposición de una fianza, "atendiendo a la gravedad de los delitos que se le imputan", como son cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo, "castigados con pena de hasta seis años de prisión, cuya amenaza es lo suficientemente importante para que exista un riesgo de fuga".

En cuanto a la cuantía, la resolución precisa que "se estima proporcionada a la naturaleza de los hechos delictivos y el estado social del encartado que deriva de su capacidad económica deducida de los datos obrantes en las actuaciones". Además deberá comunicar cualquier cambio de domicilio y se le prohíbe la salida de España sin autorización judicial.

Desde las defensas indicaron que las familias están "intentando por todos los medios" reunir el dinero para hacer efectiva la fianza entre esta tarde y mañana, con el fin de que los imputados puedan salir de la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre, donde permanecen ingresados desde hace casi seis meses, en las próximas horas.

Barrientos fue detenido el 17 del pasado mes de junio y tras prestar declaración tres días después, la instructora, Isabel Conejo, decretó prisión incondicional para el ex regidor, que el mismo día firmó un escrito dirigido al pleno en el que presentaba su dimisión irrevocable.

La jueza decretó también prisión provisional sin fianza por los mismos delitos para Flores, para el concejal del Partido de Estepona José Ignacio Crespo y para el edil de esta misma formación, Manuel Reina, al que se le añade un presunto fraude. Además, también envió a prisión al técnico de Urbanismo Javier Wiitmeur, que salió en julio en libertad tras pagar fianza de 60.000 euros.

El caso 'Astapa' tiene hasta ahora 63 imputados, entre ellos varios familiares de Barrientos, como su madre María González o uno de sus hermanos; ediles y responsables municipales de varias corporaciones; empresarios, como el marido de la modelo Mar Flores, Francisco Javier Merino; y la hija del presidente del Senado, Patricia Rojo.

La instructora del caso estimó que Barrientos, como alcalde de la localidad, "resultaría el máximo responsable de una estructura" en el entorno del Ayuntamiento, "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" con el fin de "financiar actividades tanto públicas como privadas de los partidos políticos en coalición", así como para "enriquecerse personalmente".

En el auto de prisión del ex regidor, se señalaba que una de las principales fuentes para obtener ingresos "era la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos, propiciando un notable incremento en la plusvalía en los promotores y empresarios a los que como contrapartida se les solicita el pago de cantidades de dinero".

Para la jueza, según añadía la resolución, existen también indicios de que éste "ha permitido y realizado actividades de mediación en la contratación de numerosas personas por razones de titulación personal o afinidad política, sin seguir los cauces legalmente establecidos para ello"; así como que se realizó presuntamente contratación pública de obras y servicios "sin cumplir las exigencias legales y la concurrencia de interesados".

"Finalmente, el imputado supuestamente ha destinado fondos públicos a usos ajenos a la función pública, pudiendo haber obtenido beneficios propios por dicha conducta", añade el auto, en el que se indica también que podría haber cometido un presunto delito de blanqueo de capitales "mediante la ocultación del producto derivado de los hechos delictivos".