GRANADA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y presunto cerebro de la trama urbanística desarticulada a través de la operación 'Malaya', Juan Antonio Roca, admitió hoy ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, haber cometido cohecho en la causa desglosada en la que también se juzga al que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 2 marbellí Francisco Javier de Urquía, al que dijo haber entregado dinero, si bien fue éste un extremo que el magistrado negó.
Después de que las declaraciones de los tres acusados, Roca, De Urquía y el otro procesado, Arnaud Fabrice Albouhair, quedaran aplazadas a hoy al retirarse de la vista el fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, Roca ha sorprendido a la sala al admitir "parcialmente" la acusación formulada por el Ministerio Fiscal en cuanto a los delitos en los que se le implica como cooperador necesario de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público y de cohecho.
En concreto, y después de que el fiscal detallara su acusación, Roca ha admitido haber cometido cohecho, pero ha expresado su disconformidad con "cómo ha narrado los hechos" el Ministerio Fiscal, alegando su insatisfacción con el artículo del Código Penal esgrimido por el Ministerio Público.
El abogado defensor del magistrado, Antonio González Cuéllar, aludió a "rumores" que circulaban de un presunto acuerdo de Roca para un trato de favor en otras causas judiciales abiertas y preguntó al acusado al respecto, algo que éste negó, a pesar de haber respondido "lo diametralmente opuesto", según indicó el letrado, en otras declaraciones.
"Mi abogado me ha asesorado en una línea de defensa, pero es la primera vez que me enfrento a un tribunal como acusado y, con la oposición de mil letrado, he decidido decir la verdad", afirmó Roca, que negó el acuerdo con algún testamento gubernativo o con "interesados" en la condena al juez y que su cambio de actitud en su declaración se debiera a ninguna amenaza, preguntado por su abogado.
De cualquier manera, Roca ha reconocido haber entregado al juez De Urquía una cantidad de dinero que no recordaba --el fiscal le preguntó por unos 70.000 euros-- para recibir ayuda en materia judicial, según entendía él, y, cuestionado acerca de los asuntos judiciales que entonces tenía en mente, ha admitido que sólo esperaba acudir a la justicia para emprender acciones legales contra Cristóbal del Toro a cuenta del programa de televisión 'Operación JAR', dedicado especialmente a su persona, proceso que además había emprendido ya el juzgado del que era titular De Urquía.
LA CANTIDAD, EN DOS SOBRES
Señaló asimismo haber mantenido dos reuniones en su oficina, en 'Maras Asesores', con De Urquía, antes del 17 de marzo de 2006 y ese mismo día, cuando supuestamente Roca le entregó la cantidad en dos sobres, de 63.000 y 10.800 euros, para la entrada de una casa que quería adquirir en Marbella.
Roca desvinculó a Fabrice de la operación, en la que, según su testimonio, sólo intervino para llevar el borrador del contrato de compraventa de la vivienda, en Azalea Beach, al juez, que le había pedido que buscara "a alguien" que se lo pudiera redactar, siendo éste el propio Roca.
El ex asesor urbanístico afirmó haber conocido a De Urquía en el local que el francés posee en Marbella y que había sido el propio Fabrice el que le había llamado para decirle que el magistrado quería hablar con él, tras lo que Roca llamó a su móvil y quedó con él para el pago supuesto.
De igual forma, mantuvo que hacía anotaciones de pagos y cobros en un libro de contabilidad y que, en el presente caso, escribió junto a los supuestos pagos a Urquía 'Ayuntamiento', "porque no sabía muy bien que poner".
Tras su declaración, el abogado del juez pidió la suspensión de la vista oral en tanto que no se resolvieran los datos que había aportado Roca y se investigaran las llamadas telefónicas aludidas y las fechas en cuestión, a lo que la presidenta de la sala, Inmaculada Montalbán, se negó.
Así, continuó el testimonio del francés, que aseguró no conocer que Roca le había pagado a su amigo, el juez, de cuya hija es padrino, y reconoció no haber informado a De Urquía de que sería Roca el que iba a redactar el contrato de compraventa en cuestión. Añadido a esto, dijo no recordar las conversaciones mantenidas sobre el programa de Cristóbal Toro, si bien era un "cotilleo" en la Marbella de entonces, en 2006.
EL CONTRATO DE LA VIVIENDA
Fabrice apuntó que el juez le solicitó que buscara una abogado para redactarle el contrato, que recogió en una "carpetilla" el 17 de marzo de 2006 de 'Maras', donde no leyó ni comprobó lo que había dentro, que no era, según señaló, dinero ni ningún sobre.
Seguidamente, el juez acusado, que declaró desde el estrado de los letrados de la defensa, al estar colegiado como abogado, informó del proceso mantenido para la suspensión de la emisión temporal del programa de Cristóbal Toro. Fue, según su testimonio, a raíz de la denuncia presentada por Roca el 15 de marzo de 2006, si bien el mismo día hubo de dejar sin efecto el auto de suspensión cautelar al haber defectos en el documento.
De igual manera señaló que Roca no necesitaba el asesoramiento del juez para saber que debía presentar una querella criminal puesto que éste ya lo anunciaba en la propia denuncia presentada. Respecto a las normas de reparto, que el fiscal considera en su escrito de conclusiones provisionales que el magistrado vulneró, De Urquía precisó que el Ministerio Público sólo ha tenido en cuenta las de abril de 2007, que son un texto refundido de las que entonces eran vigentes.
Por otro lado, aseguró no conocer a Roca salvo por algunos encuentros circunstanciales en el local de Fabrice y afirmó, al igual que corroboró su amigo el francés, que no tenía conocimiento de que era él el que redactó el contrato de compraventa, e incidió en que "me hubiera dado igual", porque no lo conocía, dado que no era "el monstruo mediático que es ahora".
Indicó que es "absolutamente falso" que recibiera dinero del ex asesor urbanístico y afirmó que fueron su mujer y su padre, también magistrado y testigo en la causa, los que le ayudaron a afrontar el pago de la casa que quería comprar, para el que pidió además un crédito a una entidad bancaria.
El juez iba a pagar en principio la vivienda a medias con su mujer, aunque ésta le recomendó que lo hiciera sólo al poseer ella más inmuebles y ninguno el magistrado, que reconoció no tener liquidez y ser un "manirroto" y un "gastoso", y ser ésta una manera de adquirir patrimonio.
De todas maneras dijo que, si bien firmó el documento, no lo llegó a hacer efectivo, de común acuerdo con los vendedores, Sanitaria 2000, al ser éste un "disparate" y tener numerosos errores, como, por ejemplo, las modalidades de pago.
La vista continúa desde las 16.00 horas de hoy, ya con la declaración de los testigos.
