El ex asesor de Urbanismo acepta nueve meses de prisión por tráfico de influencias y el ex alcalde, un año por delito urbanístico
MÁLAGA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ex asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca, el ex alcalde marbellí Julián Muñoz y seis ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), entre ellos Pedro Román, se conformaron hoy en la causa por la operación urbanística entre el Ayuntamiento de dicha localidad malagueña y la empresa Belmonsa desarrollada en 1997.
El acuerdo de conformidad al que llegaron hoy defensas y fiscal en este caso, que se iba a juzgar en el Juzgado de lo Penal número 7, contempla la pena de un año de prisión y 10 de inhabilitación por dos delitos contra la ordenación del territorio para Muñoz y los ex concejales Mario Jiménez Notario, Manuel Calle y Rafael González, para los que el fiscal pedía inicialmente dos años de cárcel.
Mientras, el ex edil José Marino Pomares se conformó con una pena de seis meses de prisión --antes se solicitaba por parte de la acusación pública un año de cárcel-- y siete años de inhabilitación, en este caso, sólo por un delito urbanístico.
En el caso de Roca, éste aceptó una pena de nueve meses de prisión, cinco de inhabilitación y multa de 2,4 millones de euros, con la responsabilidad de un mes de prisión en caso de impago, por un delito de tráfico de influencias, tras mostrarse, como los demás, conforme con el escrito de acusación modificado del fiscal y reconocer los hechos.
En este sentido, su letrado, José Aníbal Álvarez, dijo que están "satisfechos" por el resultado del juicio, pero "algo cansados", puesto que han estado en otro durante tres días en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que Roca reconoció el delito de cohecho que se le imputaba, al decir que había entregado dinero al juez Francisco Javier de Urquía, también acusado en esa causa.
Además, Román --que aún tendrá que firmar la conformidad al no haber comparecido hoy por estar fuera de España--, Muñoz, González, Calle, Jiménez y Marisa Alcalá, ex ediles marbellíes, se conformaron con ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación genérico, delito que no sufrió modificación alguna en cuanto a la pena a imponer.
DISCONFORMIDAD
El único que mostró su disconformidad absoluta con los hechos y con la calificación del fiscal fue el abogado José Luis Sierra, para el que el juicio continuó. Así, en su declaración, según informaron fuentes de las acusaciones, sostuvo, como en otros casos, que el informe que hizo permitía dar licencias según la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de forma provisional.
Así, no ratificó otras declaraciones anteriores, sino que indicó que todos los concejales "mienten" al decir que él se reunió con ellos para informarles de la adecuación de la licencia previamente a su otorgamiento. La vista oral seguirá mañana con las declaraciones de testigos y peritos.
Esta causa está en relación con la operación urbanística desarrollada entre el Consistorio marbellí y la empresa Belmonsa sobre unos terrenos municipales y respecto a las licencias otorgadas por la comisión de gobierno en 1997 a esa sociedad para construir un edificio de 12 plantas con 112 viviendas en los Llanos de San Ramón.
Así, según el escrito de acusación del fiscal, en una comisión de gobierno de mayo de 1997 se acordó otorgar licencia de obra al proyecto básico sobre un suelo calificado en una parte que quedaba afectada por el complejo como viario público según el Plan General de 1968. Asimismo, en diciembre del mismo año se concedió licencia al proyecto de ejecución de dicha promoción.
El ministerio público estimaba que con el otorgamiento de estas licencias "se culmina todo un proceso tendente a favorecer económicamente a la entidad promotora Belmonsa iniciado meses atrás, incluso antes de que se constituyese como persona jurídica tal entidad", en lo que tuvo una intervención decidida Roca, gerente de Planeamientos 2000 "desde la que se diseñó toda la operación de favorecimiento".
En este sentido, la acusación pública precisaba que éste se prevalió de las relaciones personales con el entonces alcalde, Jesús Gil, que también fue acusado en su momento, y con el fin de "favorecer económicamente a los promotores" que luego crearon Belmonsa, consiguió que le diese el visto bueno a la operación urbanística. Por tanto, se firmó un convenio en 1997, que fue aprobado también por comisión de gobierno.
En el escrito se añadía que el valor de la parcela municipal fue tasado en la cantidad de 83.800 euros y que, según la tasación pericial efectuada sobre la parcela de terreno cedida por el Ayuntamiento, el valor debía ascender en la fecha de la transmisión a más de dos millones de euros, "propiciándose con ello un indudable negocio a la entidad Belmonsa, pues se permitió edificar en primera línea de playa".
ACUSACIONES
La acusación en representación de IU se mostró de acuerdo con la conformidad alcanzada, mientras que la que representa a la ex edil del PSOE Isabel García Marcos se mostró conforme con la pena solicitada pero no con uno de los hechos, al entender que sería sólo un delito urbanístico por la licencia al proyecto básico y entender que no es delito dar permiso al de ejecución. Así, el letrado de esta parte, José Carlos Aguilera, dijo que es el primer caso en el que Roca admite su responsabilidad en un delito de tráfico de influencias.
Por su parte, la abogada de la acusación Inmaculada Gálvez planteó como cuestión previa que se aceptaran varias personaciones como acusación particular y la responsabilidad civil del Ayuntamiento de Marbella, lo que fue rechazado por el juez. Además, instó a que se suspendiera el juicio para que se citara a los compradores de las viviendas, lo que también fue denegado por el magistrado.
