Dos magistrados discrepan del acuerdo y califican de "extravagante" la iniciativa del abogado del Estado.
MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó ayer unir a las actuaciones abiertas a raíz del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña un escrito presentado por el abogado del Estado en el que se advierte de la coincidencia de lo que dicen cerca de 40 artículos del texto catalán que fueron impugnados por este partido con el contenido de los estatutos andaluz y balear, cuya aprobación sí contó con los votos populares. En este escrito, el Abogado del Estado pide al PP que desista en sus pretensiones.
El acuerdo adoptado ayer por el Pleno acuerda textualmente "unir a las actuaciones el escrito presentado por el Abogado del Estado en el Registro General de este Tribunal el 22 de junio de 2007, y hacer entrega de copia del mismo a las partes personadas, sin más trámite", según se recoge en el escrito del Alto Tribunal al que tuvo acceso Europa Press.
Dos de los magistrados del Pleno del TC, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, redactaron un voto discrepante con la mayoría en el que consideran que la petición formulada por los Servicios Jurídicos del Estado debió ser "repelida de plano, tanto por ser procesalmente extravagante como por posibilitar una nueva dilación, indebida ya en este momento, dada la trascendencia de las cuestiones que plantea el recurso contra el Estatuto de Cataluña".
El Abogado del Estado dirigía su escrito especialmente a los cincuenta diputados del PP que recurrieron el texto catalán, "al objeto de que éstos manifiesten si consideran oportuno desistir parcialmente de la impugnación del pasaje del preámbulo y de los preceptos del Estatuto catalán cuya igualdad o semejanza quepa razonar respecto a los correlativos del Estatuto Andaluz y del Estatuto de las Islas Baleares", según señala el escrito, al que tuvo acceso Europa Press.
"La identidad de los preceptos" comparados en este informe "obliga a emitir sobre los mismos idéntico juicio de constitucionalidad", en opinión de la Abogacía del Estado.
"Resulta evidente que si los preceptos del Estatuto Autonómico Andaluz y del Estatuto Autonómico de Islas Baleares se consideran constitucionales - y así ha de interpretarse la decisión de no recurrirlos- la misma valoración han de merecer los del Estatuto Autonómico de Cataluña impugnados en este proceso", añade el Abogado del Estado.
Como justificación de su iniciativa, el representante jurídico del Estado señala que la reciente aprobación de los estatutos andaluz y balear "constituye un hecho nuevo de relevancia para el recurso" y además se ha producido después de que esta parte presentara sus alegaciones al recurso del PP. "Procede, por tanto ponerlo en conocimiento del Tribunal", añade el escrito.
"NACIÓN" EN EL PREÁMBULO.
Como primero de los pasajes de contenido similar entre los estatutos catalán y andaluz, el Abogado del Estado se refiere a los preámbulos y al uso en ellos de la palabra nación.
Así, en el del Estatuto Catalán se dice que "el Parlamento de Cataluña ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación" y se añade que "la Constitución, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad"; mientras que el andaluz se refiere a Andalucía como "realidad nacional" proclamada en el Manifiesto andalucista de Córdoba de 1919 y añade que la Carta la reconoce "como una nacionalidad en el marco de la unidad indisoluble de la nación española".
La conclusión al respecto del Abogado del Estado es que los dos pasajes comparados "vienen a confluir en la misma tesis". "Cataluña y Andalucía son naciones o realidades nacionales que, en perspectiva constitucional, han de considerarse nacionalidades, una con derechos históricos (Cataluña, según dice el articulo 5 de su Estatuto) y otra histórica (artículo 1 del Estatuto Andaluz).
ÓRGANOS PAREJOS.
Similares coincidencias encuentra el Abogado del Estado en los artículos de los estatutos catalán y balear referidos a los derechos de sus habitantes, ya que en ambos textos se utiliza el concepto "ciudadano" en su acepción de "titular de soberanía"; o en los referidos tanto en Cataluña como en Andalucía a la Sindicatura de Cuentas o Cámara de Cuentas, respectivamente, como órganos fiscalizadores de la gestión económica del Generalitat y la Junta de Andalucía.
Otros artículos reseñados por el abogado del Estado en su informe son los referidos a las funciones de los consejos audiovisuales catalán y andaluz y los Consejos de Justicia previstos en las tres comunidades citadas.
Igualmente, el amplio informe del Abogado del Estado, de 74 páginas, alude a competencias incluidas en los tres Estatutos referidos que son impugnadas por el PP porque, a su juicio, rebasan las competencias autonómicas en el caso catalán, mientras que han recibido luz verde en el caso de los textos balear y andaluz.
Entre ellas, las referidas a la regulación de las Cajas de Ahorros, comercio y ferias, consultas populares, consumo, educación (en ambos preceptos se atribuye a la respectiva comunidad autónoma competencia exclusiva, destaca el informe), emergencias y protección civil, energía y minas, estadística, inmigración, transporte etc.
En cuanto lo dicho en ambas normas respecto a la designación de miembros del TC y del CGPJ, la única diferencia hallada por el Abogado del Estado radica en que el Estatuto catalán limita la participación de la Generalitat a la designación de los magistrados de los dos órganos citados, mientras que el estatuto la amplía a la designación de los miembros de los órganos constitucionales.
"En cualquier caso, el recurso contra el Estatuto Autonómico de Cataluña se fundaba aquí en la inconstitucionalidad de imponer al legislador estatal una participación autonómica, argumento íntegramente trasladable al precepto que transcribimos del Estatuto Autonómico de Andalucía", añade el escrito.
