LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
La magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Carla Bellini ha dictado un auto en el que acuerda continuar la tramitación de las diligencias contra el ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas José Antonio Martín Martín por procedimiento abreviado y da traslado a la Fiscalía para que en el plazo de diez días presente su escrito de acusación.
La jueza dictó ayer el auto en las Diligencias previas número 1/06, que en su parte dispositiva acuerda la continuación de las presentes diligencias por los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos imputados a Martín Martín, suspendido en el cargo, y Wilebaldo Luis Yánez, imputado en el 'caso Eólico', fueran constitutivos de un supuesto delito de negociación prohibida a funcionarios públicos, según informa el TSJC en un comunicado.
La magistrada de la Sala de lo Penal del TSJC ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez días formule escrito de acusación para solicitar "la apertura del juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que pueda solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias para formular acusación".
A PETICIÓN DE LA FISCALÍA
La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias solicitó el martes a la Sala de lo Penal del TSJC que abriera el procedimiento judicial para formular escrito de acusación contra José Antonio Martín Martín por un presunto delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
El fiscal jefe del TSJC, Vicente Garrido considera que Martín, con la colaboración "necesaria" de Wilebaldo Luís Yanez, asesoró a la familia y representación letrada del entonces imputado Rafael Bornia Bordón sobre la manera de conseguir su puesta en libertad provisional, mientras se tramitaba la causa por el delito de tráfico de estupefacientes por el que finalmente fue condenado, según informa la Fiscalía en un comunicado.
Según el Ministerio Público, "de lo actuado en autos y a pesar de la exhaustiva investigación realizada, no existe base probatoria suficiente para considerar acreditada la comisión de un delito de cohecho".
En el dictamen, el Ministerio Fiscal solicitaba de la Sala la incoación del procedimiento abreviado para posterior formulación de escrito de acusación pues estima que "se deduce la posible comisión de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, en su modalidad de asesoramiento a particulares en asunto en que se deba intervenir por razón del cargo". Dicho delito está previsto y penado en el Código Penal y podría llevar aparejadas, en el caso de sentencia condenatoria, penas de multa y suspensión de empleo o cargo público.
En su escrito, el fiscal precisa que el pasado 18 de enero de 2006 tuvo entrada en la Secretaría de la Sala Civil y Penal TSJC una exposición razonada elevada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria relativa a la pieza separada abierta en el curso de la instrucción de las diligencias previas, en virtud de las diligencias de investigación llevadas a cabo en el mencionado procedimiento.
Entre las mismas, se encontraba la intervención, grabación y escucha del teléfono utilizado por Wilebaldo Luís Yanes a los efectos de esclarecer un presunto delito de cohecho, al apreciarse que él formaba parte de una trama delictiva encaminada a conseguir de forma fraudulenta la adjudicación de un concurso público para la asignación de energía eólica, convocado por la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias.
"HALLAZGO CASUAL"
La pieza separada surge como consecuencia del "hallazgo casual" y a través de la intervención del teléfono de Wilebaldo Luís Yanes, de una serie de conductas --diferentes a las que hasta ese momento eran objeto de investigación-- tendentes a la comisión de supuestos hechos delictivos referidos a la actuación ilegal que promoviese o favoreciese la puesta en libertad de Rafael Bornia Bordón, procesado por el Juzgado de Instrucción número Seis de Las Palmas de Gran Canaria al encontrarse en situación de prisión provisional.
En la referida exposición razonada, el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria concluía con la posible participación en los nuevos hechos delictivos de José Antonio Martín Martín, que ejercía entonces como magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas y de su Sección Primera.
De este modo, el escrito elevado a la Sala Civil y Penal del TSJC da cuenta de la existencia de contactos, conversaciones telefónicas, reuniones e intercambio de información y documentación entre Martín y Julio Bornia Bordón actuando con la intermediación de Wilebaldo Luís Yanes para obtener la libertad de Rafael Bornia Bordón, hermano de Julio y en situación de prisión provisional como imputado por un presunto delito de tráfico de drogas.
AMISTAD
El escrito del Ministerio Público detalla que Wilebaldo Luís Yanes mantenía entonces y desde hace mucho tiempo una intensa relación de amistad con el magistrado al que "consideraba como un hermano siendo el padrino de uno de sus hijos y con quien mantiene relaciones comerciales y mercantiles", precisa el escrito
Al mismo tiempo Wilebaldo Luís Yanes mantenía relaciones comerciales con Julio Bornia Bordón a quien conoce desde el año 2001. Desde los primeros meses del año 2005 Bornia Bordón, al conocer la amistad que une a Wilebaldo Luís Yanes con José Antonio Martín Martín, puso en su conocimiento la situación en la que se encontraba su hermano Rafael Bornia.
Concretamente, éste estaba en situación de prisión provisional acordada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria pendiente de revisión a través de la interposición de los correspondientes recursos por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, de la que José Antonio Martín era presidente.
Así desde aquella fecha, Julio Bornia Bordón intentó, según el fiscal, utilizando a Wilebaldo Luís Yanes, "una serie de maniobras tendentes a buscar un contacto directo con el magistrado y poder de esta forma expresarle su deseo" de que su hermano Rafael fuese puesto en libertad, y obtener de éste "la información y el asesoramiento preciso en orden a la estrategia procesal" que debería seguir para obtener la libertad de su familiar.
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