PSOE, PNV e Izquierda Plural optan por abstenerse ante la negativa del PP a garantizar la revisión anual de las subvenciones públicas
MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
La reforma de Ley de Financiación de los Partidos Políticos que obligara a las formaciones y sus fundaciones vinculadas a publicar sus cuentas, donaciones y deudas ha sido aprobada este miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso con el respaldo de los principales grupos políticos y el único voto en contra de Amaiur.
Se trata del proyecto de ley que fue aprobado en diciembre por el Gobierno para reducir un 20 por ciento la financiación pública de los partidos políticos y que, una vez en el Congreso, amplió el recorte a las subvenciones que reciben las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas, como la FAES que preside José María Aznar o la Fundación Ideas del PSOE.
Pero a lo largo de su debate en ponencia se ha aprovechado para cerrar con amplio acuerdo un conjunto de medidas para reforzar el control de las finanzas de los partidos y sus fundaciones, aplicándoles los mismos principios de la futura ley de Transparencia, que a priori no les afectaría al ser entidades privadas.
Así, una vez que su actividad anual sea fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, las formaciones harán públicas sus cuentas en su página web con información sobre su balance económico, su cuenta de resultados y los créditos que tienen firmados con entidades financieros, incluyendo, si es el caso, datos de las operaciones de condonación de deuda.
Se obligará asimismo a los partidos a que, además de enviar cada año al Tribunal de Cuentas un informe global sobre su financiación privada, comuniquen a la institución fiscalizadora cada donación de más de 50.000 euros o de bienes inmuebles que reciban de empresas jurídicas (en los tres meses posteriores a la recepción); a su vez, el Tribunal llevará un registro para comprobar que no se supera el tope anual de 100.000 euros.
PONER TOPE A LA CONDONACIÓN DE CRÉDITOS
Respecto a estas operaciones de condonaciones de deuda, tanto del capital como de los intereses, se acordó también poner un límite anual de 100.000 euros, equiparándolo así al tope fijado para donaciones privadas.
En cuanto a las aportaciones privadas que reciben los partidos, se amplía el catálogo de empresas que tienen prohibido hacer donaciones a los partidos: Ya no sólo serán aquellas que tienen contratos en vigor con la Administración, sino también todas las que compartan órganos de dirección (las participadas mayoritariamente, sus fundaciones y todas las del mismo grupo empresarial). Además, ninguna fundación que recibe subvenciones de la Administración, y ello incluye a las vinculadas a formaciones políticas, podrá hacer donaciones a un partido.
Otra novedad de la reforma permitirá dotar de capacidad sancionadora al Tribunal de Cuentas, que hasta ahora sólo podía hacer propuestas, generalmente de recorte de subvención, que luego debía ejecutar la Administración. Ahora podrá imponer directamente sanciones en supuestos de falta muy grave.
CAPACIDAD SANCIONADORA PARA EL TRIBUNAL DE CUENTAS
En los casos de vulneración del límite anual de donaciones privadas (100.000 euros), se impondrá una multa equivalente al doble de la cantidad excedida. Además, se podrá paralizar la entrega de subvenciones al partido que no presente su contabilidad al Tribunal en tiempo y forma.
Respecto de las fundaciones de los partidos, se decidió que, al igual que las formaciones políticas, habrán de someterse a auditoria privada y que el Tribunal de Cuentas podrá fiscalizar todos sus ingresos, y no sólo las donaciones como hasta ahora.
Además, se extiende a las fundaciones la obligación de hacer públicas sus cuentas una vez fiscalizadas y no se descarta que, en próximas reuniones, se les obligue además a comunicar al tribunal cada aportación de persona jurídica que reciban. De entrada, se ha decidido que las fundaciones comuniquen a Hacienda todas las donaciones públicas y privadas que reciben.
El portavoz de Esquerra Republicana, Alfred Bosch, ha destacado los cambios relativos a las fundaciones recordando que es una reivindicación histórica de su formación, habida cuenta de que Cataluña ha registrado ya varios casos de malas prácticas por financiación de partidos vía fundaciones que salpicaron tanto a Convergencia (CDC) como a Unió (UDC). "Queríamos más, pero nos congratulamos de que haya habido mejoras", ha comentado.
En el debate, los distintos partidos han elogiado los consensos alcanzados para ampliar una ley que llegó al Congreso con un único artículo. Para Rosa Díez, se ha mejorado el texto inicial y el resultado es un buen ejemplo de que "si se opta por la vía del consenso, se logran mejores leyes". "Se ha avanzado y se ha mejorado", apuntó el ponente del PNV, Aitor Esteban, quien en todo caso quiso poner en valor "el gran avance" que ya supuso la ley de financiación de 2007.
El ponente del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, autor de las transacciones que han permitido tejer los consensos con la oposición, ha subrayado los "pasos relevantes" que se han dado con la reforma, que a su juicio acaban con toda sospecha de opacidad que ha pesado alguna vez sobre los partidos.
Sólo Amaiur, habló de voto contrario, y todo pese a reconocer que algunas de sus enmiendas tenían reflejo en los cambios introducidos en la ley. Para la coalición que integra a la izquierda abertzale heredera de Batasuna, los partidos políticos están alejados de la ciudadanía y, de entrada, debería limitarse los sueldos de los parlamentarios hasta un máximo del triple del salario mínimo interprofesional.
La única cuestión donde se mantienen las discrepancias entre los principales partidos se refiere a la aplicación del recorte de las subvenciones del Estado a los partidos, prevista para el día siguiente a su publicación, y la supresión de la cláusula de actualización que garantizaba una revisión anual de la partida presupuestaria conforme al IPC.
EVITAR INCERTIDUMBRES CADA AÑO
Para el diputado de CiU Jordi Jané, nadie discute que el "esfuerzo de austeridad" llegue también a los partidos pero habría que poner fin a esa "incertidumbre para el futuro". En similares términos se pronunció el socialista José María Benegas, quien considera que los partidos no pueden estar pendientes de que cada año se cambie la cifra de las aportaciones públicas "al libre albedrío" con los Presupuestos Generales: "Debe haber algún parámetro objetivo que permita hacer previsiones para el año siguiente", ha pedido.
Ricardo Sixto, de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), reiteró su apuesta por la financiación pública de los partidos y pidió no utilizar estas subvenciones como "arma arrojadiza" contra los partidos.
Sin embargo, desde el PP se ha mantenido en sus posiciones alegando, por boca de Bermúdez de Castro, que en esta coyuntura de crisis los partidos deben ser "ejemplo" de austeridad ante los ciudadanos, a la vez que ha garantizado que el PP no va a adoptar decisiones "arbitrarias" que pongan en peligro a las formaciones políticas.
Es punto hizo que PSOE, PNV e Izquierda Plural optaran por la abstención al conjunto de la ley, mientras que PP, CiU, UPyD y ERC optaron por apoyar el dictamen primando el resto de acuerdos. Una vez aprobado el texto, el dictamen de la Comisión Constitucional se elevará al Pleno del Congreso del próximo jueves para su aprobación y remisión al Senado, donde se completará la tramitación en julio.
