VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un total de 59 jueces y magistrados, de una plantilla de 194 en Castilla y León, secundó hoy la jornada de huelga convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), es decir, un 30,41 por ciento del colectivo, porcentaje similar al registrado en la Comunidad en la primera convocatoria realizada el pasado día 18 de febrero, tal y como aseguraron hoy responsables de la organización convocante.
Así lo anunciaron Javier Carranza, juez de Primera Instancia número 6 de Valladolid y miembro del comité nacional de huelga de la APM, y el juez no asociado Javier Pardo, quienes, acompañados por cerca de una veintena de compañeros, comparecieron ante los medios de comunicación en el Palacio de Justicia de Valladolid, sede de la Audiencia Provincial, para dar lectura del manifiesto elaborado al efecto y en el que se reclaman al Gobierno más presupuesto y medios personales y materiales.
Las cifras manejadas por ambos establecen que el mayor seguimiento se registró en Zamora, donde 11 de los 12 jueces y magistrados con posibilidad de ir a la huelga secundaron la convocatoria, es decir, el 91,66 por ciento; seguida de Soria (50%), con 6 en huelga de 12; Ávila, con un 46 %, al secundarla 6 de 13; Segovia, con 4 en huelga de un total de 12 (33%); Valladolid (30,64%), al secundarla 19 de 61; Salamanca (27,5%), ya que pararon 8 de 29; Burgos, donde fueron a la huelga 5 de 19, es decir, el 23,31%; Palencia (14,28%), con 2 en huelga de 14, y León, con tan sólo un 11,76 por ciento de seguimiento, ya que fueron únicamente a la huelga 4 jueces y magistrados de un total de 34.
El representante de la APM en Valladolid Javier Carranza, en declaraciones recogidas por Europa Press, reconoció la caída de participación registrada precisamente en la provincia, en contraste con el seguimiento del 64 logrado en la primera, pero se felicitó de que en otras se hubiera logrado un importante incremento y, pese a no tener cifras del número de juicios suspendidos, sí explicó que la mayoría de jueces y magistrados, para evitar causar perjuicios a los ciudadanos, habían desconvocado días antes las vistas en previsión de que no hubiera desconvocatoria de la huelga. En su caso, Carranza indicó que su juzgado había suspendido seis juicios.
El juez, entre otras razones, justificó la medida de protesta en que el plan de modernización de la Justicia anunciado por el Gobierno central no es más que "maquillaje", en referencia a que el ritmo de creación de juzgados es similar al de otros años, además de que la inversión en informática no aumenta y, en definitiva, porque las expectativas de lograr una carga razonable de trabajo para jueces y magistrados no se va a conseguir sin un mayor esfuerzo inversor".
"AL BORDE DEL COLAPSO"
Carranza advirtió de que la huelga no es contra un gobierno concreto sino para denunciar una situación que dura ya treinta años y que está llevando a la Justicia al "borde del colapso", y en tal sentido demandó, como una de las principales reivindicaciones, la creación de más plazas de jueces y de magistrados para alcanzar la media europea de 20 por cada 100.000 habitantes, frente a los 10 por cada 100.000 de media nacional, coincidente también con la media vallisoletana.
El juez, además de dar lectura del manifiesto de ámbito nacional elaborado por la APM, y que reivindica, entre otros puntos, una modernización de la Justicia española adaptada al siglo XXI a través de un incremento de los fondos recogidos en los PGE y de un Pacto de Estado entre las principales formación políticas para diseñar un plan no circunscrito tan sólo a una legislatura, anunció que en Valladolid se había decidido incorporar a la batería de reivindicaciones la necesidad de que sean los jueces y no los secretarios los encargados de fijar el calendario de juicios, la delimitación de competencias entre ambos colectivos y el personal funcionario y la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por mediación de los jueces.
Por su parte, el juez no asociado Javier Pardo reconoció un cambio de talante y de actitud en el nuevo ministro del ramo, Francisco Caamaño, muy diferente, en su opinión, al comportamiento de su predecesor en el cargo, Mariano Fernández Bermejo, pero mantuvo que "eso no basta" y que es preciso soluciones urgentes para solucionar la grave situación por la que atraviesa la Administración de Justicia.