La Sala considera que "pusieron sus servicios a disposición" de la banda, extralimitándose en su labor como letrados
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 3 y 7 años de cárcel a cuatro abogados de presos de ETA que estaban integrados en 'Halboka', una estructura considerada como el brazo jurídico de la organización terrorista y que, además, mantenía una "vinculación con la dirección" de la banda, transmitiendo a los condenados que se encontraban en prisión "las directrices" de ésta.
En una extensa sentencia de 549 páginas y emitida este mismo jueves la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal fija la pena más alta para Arantza Zulueta --que ya cumplió condena por su integración en el 'frente de cárceles' de ETA-- a quien condena a 7 años y 6 meses de cárcel por un delito de integración en organización terrorista y por uno de depósito de armas y explosivos.
En cuanto a Jon Enparantza, que también cumplió condena junto a Zulueta por formar parte del frente de 'makos', el tribunal le condena a 4 años de prisión por un delito de integración en organización terrorista. El mismo delito es el que han imputado a Naia Zuriarrain, que cumplirá 3 años y 6 meses, y a Iker Sarriegi, que cumplirá 3 años y un día.
El fallo, ponencia del magistrado Juan Francisco Martel, libra de responsabilidad y absuelve a Julen Celarain, Saioa Agirre y Nerea Redondo. El primero había sido acusado de un delito de integración en organización terrorista mientras que las dos últimas de un delito de colaboración.
HALBOKA, LA SUCESORA DEL FRENTE DE PRISIONES
Los magistrados desgranan en la sentencia el origen de 'Halboka', la estructura que vino a sustituir al ya mencionado frente de cárceles. Esa nueva plataforma, según aduce la Sala, estaba plenamente integrada en la estructura de la banda terrorista ETA.
La sentencia explica que los cuatro abogados condenados operaban en favor de ETA desde dos despachos jurídicos ubicados en Bilbao y Hernani, en Guipúzcoa. "Cada uno" colaboraba "desde sus respectivas competencias profesionales y respetando las adscripciones asignadas por ETA".
Fue de esta forma, explican, como "pusieron sus servicios a disposición de la banda terrorista, desde cuyos emplazamientos enviaban y recibían encargos". También "trataban personalmente con otros miembros activos y dirigentes" de la misma "a fin de procurar el mejor conocimiento de sus afiliados privados de libertad" o que hubieran "pasado por ese trance".
En este sentido, Zuriarrain elaboraba mensualmente un informe sobre el colectivo de presos de ETA que entregaba a Zulueta en un pendrive, siendo ésta última la encargada de hacérselo llegar a la banda. Era la misma dinámica que seguían con el Ekia, el boletín utilizado por la banda para transmitir directrices a sus reclusos, unos intercambios de los que también participó Enparantza.
De esa forma los condenados buscaban "granjearse su confianza y consideración en aras de seguir férreamente vinculados a la organización terrorista a través de lazos de unión" que exteriorizasen "la cohesión interna y la unidad de criterios".
ZULUETA, LA CABEZA DEL FRENTE DE ABOGADOS
La sentencia pone especialmente el acento en Zulueta en tanto que era la "máxima responsable" del colectivo de abogados y del trato con ETA. Tanto es así que la abogada llegó a estar en posesión de armas y explosivos de la banda al disponer del archivo informático preciso para poder acceder a los tres zulos que los investigadores localizaron.
En los mismos, ubicados en el sur de Francia, hallaron bidones con material para la elaboración de explosivos como clorato sódico o azufre, útiles para efectuar su detonación, varios fusiles de asalto y munición para los mismos.
Pero, además, Zulueta --a quien se identificaba con los motes de 'Marxel' o 'Bixer'-- era la encargada de la coordinación de las denominadas "kantadas" o autocríticas elaboradas por los presos de la banda. Ella, tras recibirla de mano de otro letrado de 'Halboka', se la entregaba a Zuriarrain, la encargada de hacerla llegar a la dirección de ETA.
A la letrada también le fue localizado un dispositivo con informaciones sobre vehículos que eran objetivos de ETA: desde un coche que pertenecía al escolta de la dirigente del PP María San Gil hasta detalles relacionados con el yate Fortuna, propiedad de Juan Carlos I.
El considerado mano derecha de Zulueta, Enparantza, "participó directamente" en la estructura de la banda 'Gezi', realizando labores de enlace y correo para la banda con el fin de hacer llegar "cartas de extorsión de ETA a empresarios, así como facilitando la llegada del dinero recaudado a la organización terrorista".
Éste, a su vez, se "convertía también en canalizador hacia la dirección" de la banda "de los objetivos detectados por otros miembros o colaboradores de la organización", comunicado posibles objetivos como el entonces príncipe Felipe y cargos políticos o del Poder Judicial, indicando qué vehículos utilizaban, en qué viviendas habitaban y cómo atentar contra sus vidas.
El último condenado, Sarriegi, se encargaba de apoyar el contacto entre la organización y los presos, manteniendo una estrecha relación con los interlocutores de los diferentes Centros Penitenciarios, miembros de la banda terrorista, transmitiéndoles las decisiones de la banda sobre las medidas de "lucha" o protesta a adoptar frente a la Administración Penitenciaria.
CONTRIBUYERON A LA COHESION DE LOS PRESOS
Para fundamentar el fallo, la Sala asegura que los hechos quedaron probados tras las pruebas practicadas durante la vista oral, que se celebró entre los meses de julio y noviembre del pasado año. En el juicio se pudo escuchar la versión de los ahora acusados, las testificales de los funcionarios de la Guardia Civil, los dictámenes periciales y la documental acumulada extraída de los dispositivos informáticos incautados en las entradas y registros efectuados.
Del análisis de todas las evidencias los magistrados concluyen que los cuatro condenados participaban en los fines de ETA y militaban en ella, "no cometiendo directamente acciones violentas sino contribuyendo a la cohesión y persistencia de los militantes privados de libertad, para que siguieran vinculados a la criminal organización que les dio cobertura para cometer los ilícitos actos contra las personas y contra las propiedades que perpetraron o intentaron cometer en su momento".
Así las cosas, el tribunal rechaza el argumento de las defensas de que la actividad de los acusados nunca trasvasó el ámbito jurídico derivado de sus actividades como letrados. Para la Sala, las pruebas reflejan "una actividad afín con los objetivos de ETA para cohesionar los mensajes y controlar los movimientos de sus militantes y ex militantes sometidos a investigación, a enjuiciamiento y a cumplimiento de sentencias condenatorias".
CELEBRAN LA SENTENCIA
Desde la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) han mostrado su alegría por el fallo que avala la tesis acusatoria que mantenían "desde el principio" y han sostenido que "sí existía prueba de cargo inequívoca para condenar al menos a las cuatro personas que finalmente" han sido absueltas.
Esta sentencia, la "última de toda una serie de macrojuicios contra el entorno de ETA" sirve para confirmar la teoría que desde 1998 "se venía defendiendo tanto por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la AVT de que todo ese entramado político, económico y social es ETA".
Por su parte, la Asociación Dignidad y Justicia ha celebrado la sentencia que, según señalan, "pone fin al último macrojuicio desarrollado contra la trama civil de la banda, los autores con corbata y toga que se escondían detrás de los asesinos". Se trata de un fallo que "viene a ratificar la línea que sigue la asociación en los tribunales desde hace décadas y que ahora está dando su mayor fruto".
