SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno andaluz ha defendido este martes que la Consejería de Empleo ha entregado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, dirigido por la juez Mercedes Alaya, "toda la documentación" que obra en su poder relativa a la posible trama de prejubilaciones fraudulentas que la juez indaga en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha acusado este martes a la Junta de Andalucía de "ocultar" a la juez Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo financiados con cargo a los fondos autonómicos, diversa documentación sobre "el presunto pago de comisiones ilegales y escandalosas" a distintos intermediarios en la tramitación del conjunto de las pólizas de seguro de rentas asociadas a las prejubilaciones acordadas en dichos procedimientos.
Ante estas acusaciones, fuentes del Ejecutivo andaluz han señalado que "toda la documentación que obra en poder de la Consejería de Empleo" relacionada con los hechos que investiga la juez Alaya "ha sido puesta a disposición de la Justicia, que debe ser quien finalmente dictamine la existencia de irregularidades y posibles hechos punibles". Por lo tanto, el Gobierno andaluz reclama "máximo respeto" a la labor de la Justicia, "porque este tema se encuentra bajo instrucción judicial".
Según el Ejecutivo andaluz, es "absolutamente falso, como sugiere el PP, que la Junta de Andalucía haya ocultado ninguna documentación sobre los expedientes de regulación de empleo y las pólizas". "La Junta de Andalucía ha enviado al completo todos los expedientes que ha solicitado --la juez Mercedes Alaya--, sin restar ni un solo documento, y por iniciativa propia ha enviado además aquellos expedientes en los que pudiese haber alguna irregularidad", señala el Gobierno autonómico.
Así, ha recalcado que "la Consejería de Empleo lleva ya tiempo
investigando, de forma interna, para aclarar cualquier aspecto irregular que se pueda derivar del presunto fraude de los ERE". "Acudimos a la Justicia desde el primer momento y seguiremos en nuestro afán de perseguir las irregularidades, caiga quien caiga, para recuperar hasta el último céntimo que haya podido ser mal utilizado", defiende el Gobierno andaluz.
