Andratx.- El Grupo Balear de Ornitología considera que es un "toque de atención sin precedentes" a los ayuntamientos

Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 27 mayo 2008 16:40

PALMA DE MALLORCA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) consideró que la primera sentencia del caso Andratx, emitida ayer por la Audiencia Provincial de Palma, supone un "toque de atención sin precedentes" a los ayuntamientos, por lo que "aplaude" a este órgano y a la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que se trata de una resolución "ejemplar" para el tipo de delitos que condena.

Así lo manifestó la organización ecologista, en un comunicado difundido hoy, en el que además reclamó que los políticos con cargos públicos en las administraciones locales y los técnicos municipales actúen siempre con "transparencia", para evitar la posibilidad de que se cometan acciones urbanísticas ilegales, prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.

Además, el GOB indicó en su nota que, a pesar de que el Código Penal contempla desde hace diez años ese tipo de actuaciones como delitos específicos, "cuesta mucho" conseguir que los tribunales enjuicien las trasgresiones que se denuncian de forma continua, en el ejercicio de una "responsabilidad" de la que consideran partícipe a toda la sociedad y que ahora ha ejercido de forma "aleccionadora" la Audiencia palmesana, dijo.

A este respecto, la agrupación recordó que ha reclamado en diversas ocasiones que se adopten las medidas necesarias, desde los ayuntamientos, para actuar contra la corrupción urbanística "desde dentro" de las propias administraciones locales y, en ese sentido, considera que los técnicos municipales deberían ser funcionarios y no profesionales externos contratados, como sucede habitualmente.

De hecho, para el GOB la sentencia emitida ayer por la Sección Segunda de la Audiencia, que condena al ex -alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, a cuatro años de cárcel por la construcción de una vivienda en una zona de interés paisajístico (ARIP) con una licencia de ampliación de nave agrícola, constituye "un antes y un después" en la lucha contra la corrupción urbanística.

Concretamente, Hidalgo fue condenado a un año de prisión como inductor de un delito de prevaricación administrativa y a tres años como autor directo de un delito contra la ordenación del territorio, concurriendo en este segundo la circunstancia agravante de prevalerse de su cargo público. Además, el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, fue sentenciado a tres años y medio de cárcel.

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