Archivo - Fachada de la Fiscalía Anticorrupción - EUROPA PRESS - Archivo
MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción recibió 658 denuncias en el año 2025, frente a las 638 que recogió en 2024, si bien remarca que "la mayoría" de los escritos que llegaron se trataba de "hechos que no constituían delito, no se sustentaban en unos mínimos indicios de actividad criminal" o no eran de su competencia.
Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025, que se ha presentado este jueves en el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, por primera vez con Teresa Peramato como jefa del Ministerio Público.
En concreto, Anticorrupción detalla que recibió 2.322 registros de entrada frente a 2.615 de 2024 y que ingresó 2.112 registros de salida en comparación a los 2.260 del año anterior. De los registrados, "correspondieron a denuncias 658 frente a las 638 del año 2024", un número muy inferior a las 1.814 registradas en 2023.
Anticorrupción resalta que "en la mayoría de estos escritos se ponían en conocimiento del fiscal hechos que no constituían delito, no se sustentaban en unos mínimos indicios de actividad criminal, o estaban referidos a eventuales infracciones penales ajenas a la competencia de esta Fiscalía Especial".
Según la Memoria, la aprobación en 2023 del Real Decreto para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia y la Ley de Eficiencia aprobada en 2025 han tenido "impacto en las denuncias registradas".
"Tales circunstancias originaron la inadmisión de plano de la denuncia por no cumplir con los requisitos para darle curso (46), el archivo (232), su remisión a la fiscalía competente para su conocimiento (362), incoación de diligencias de investigación (14) y otros (4)", abunda.
En cualquier caso, se añade, "las cifras expuestas evidencian un descenso del número de escritos que tuvieron entrada" en la Fiscalía Anticorrupción durante el año pasado.
MÁS PROCEDIMIENTOS
De las denuncias recibidas, según explica, fueron presentadas por particulares un total de 556, anónimas 47 y 55 de otros organismos (ONIF, Fiscalía Europea, Administración pública, partidos políticos, Guardia Civil, Policía Nacional, oficinas antifraude, etc.).
La Fiscalía señala en el marco de estos datos que los delitos contra la Administración Pública, "cualquiera que sea su alcance material, socavan la buena gobernanza" de la sociedad.
Ello para añadir que "cuando constituyen manifestación de actos de corrupción o presentan una especial trascendencia pueden llegar a erosionar significativamente las instituciones públicas y los propios valores constitucionales, en particular el Estado de derecho, la democracia, la igualdad y los derechos fundamentales".
Y es que la Memoria pone de manifiesto "un incremento en el número de procedimientos penales y un descenso en el de incoación de diligencias de investigación" de la actividad de Anticorrupción respecto a 2025.
En concreto, el Ministerio Público intervino en 937 procedimientos judiciales por los 915 del año 2024 o los 885 del año 2023. En cuanto a las investigaciones penales, "se han iniciado 23 diligencias de investigación preprocesal, frente a las 28 de 2024 y 2023", a lo que hay que añadir las 25 diligencias de investigación que se encontraban en trámite a 31 de diciembre de 2024, "lo que implica que durante el año 2025 se estuvieron tramitando un total de 48 diligencias de investigación".
LA CORRUPCIÓN, UN FENÓMENO DE "GRAVEDAD OBJETIVA"
Constituyen fenómenos criminales que, a su juicio, "ponen en peligro el desarrollo, sostenibilidad e inclusividad" de las sociedades, y remarca que "las perjudiciales consecuencias asociadas a este tipo de delincuencia han dado lugar a un proceso de concienciación social acerca de la necesidad de abordar de forma contundente y prioritaria la lucha contra esta lacra".
El Ministerio Fiscal señala que "España ya cuenta desde hace decenios con una Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, encargada, entre otras cosas, de los casos o categorías de casos de corrupción pública de mayor trascendencia, apreciada por la fiscal general del Estado".
"Ahora bien, la gravedad objetiva del fenómeno aconseja extender la especialización del Ministerio Fiscal a todos los delitos relacionados con la corrupción y, en general, a todos los delitos contra la Administración pública", concluye.
Cabe recordar que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ejerció la acusación en el juicio del 'caso mascarillas' --y que acabó con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, en prisión-- denunció durante la vista oral que la corrupción política "está carcomiendo" el sistema democrático y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Según proclamó Luzón en su turno de informe final, este tipo de delincuencia "deslegitima el Estado de derecho", y criticó "las actuaciones de poderes públicos que normalizan o minimizan las conductas de corrupción o descalifican a quienes tienen la responsabilidad de perseguirlas".