El empresario Capita declara de nuevo el día 6 en la Audiencia Nacional
MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ultima un escrito instado por el juez Manuel García Castellón en el que pondrá 'negro sobre blanco' el caso Púnica, una macrocausa que investiga corruptelas en la adjudicación de contratos públicos en una decena de municipios de distintas comunidades autónomas, para poder 'limpiar' la lista de investigados, que supera las 200 personas, y comenzar a dar forma a algunas piezas que se acercan ya al fin de la instrucción.
Púnica suele ser definida por las fuentes jurídicas que participan en la investigación como un conjunto de 16 macrocausas separadas, tantas como líneas de investigación se han ido consolidando en piezas diferentes desde que el Juzgado Central de Instrucción número 6 ordenó las primeras detenciones en octubre del año 2014, cuando cayeron medio centenar de políticos y empresarios y entre ellos, el que fuera mano derecha en Madrid de Esperanza Aguirre, Francisco Granados.
El pasado mes de diciembre, García Castellón acordó prorrogar 40 meses más la instrucción, fijando el horizonte del fin de las actuaciones en el año 2022 dada la extraordinaria complejidad de la causa. Unas semanas después, el 10 de enero, remitió a la Fiscalía Anticorrupción una providencia en la que instaba a proponer una reestructuración de la causa, precisando los hechos y sujetos afectados en cada una de las líneas de investigación.
Esta es la tarea en que andan inmersas las fiscales del caso, que trabajan un escrito que implicará previsiblemente una reducción de los investigados y del que es posible esperar asimismo la propuesta de acumulación de alguna de las piezas separadas, de acuerdo a las fuentes consultadas, de cara al cierre progresivo de la instrucción.
CAPITA VUELVE A LA AUDIENCIA NACIONAL
Mientras, se siguen librando diligencias. El próximo 6 de febrero declarará de nuevo en la Audiencia Nacional el empresario José Luis Capita, socio del considerado 'cerebro' de Púnica David Marjaliza, para continuar con el interrogatorio que inició el pasado 20 de diciembre sobre, entre otros asuntos, la cuenta en Suiza que se le intervino, que estaba a nombre de los dos y a la que se pudieran haber desviado fondos fruto de delitos de cohecho.
No obstante, algunas piezas están más avanzadas que otras. Es el caso de la relativa a los amaños de contratos con la compañía francesa Cofely, pieza que se estaría ultimando a falta de la resolución de los últimos recursos presentados por las partes y que podría quedar lista para apertura de juicio oral. Hasta ahora, sólo se ha juzgado un asunto relacionado con Púnica, el 'chivatazo' que recibió Granados de que estaba siendo investigado.
En otros casos, las pesquisas se dilatarán todavía muchos meses, dada la complejidad del entramado societario que algunos de los investigados desplegaron para ocultar capitales ilícitos y que conlleva la recepción de comisiones rogatorias de distintos países del mundo.
Sin embargo, las fuentes consultadas coinciden en señalar un denominador común que dilata la progresión de la causa y es el ingente material intervenido y los limitados recursos del Juzgado para proceder al volcado de la documentación y su publicación en la 'nube' para ponerla a disposición de todas las partes, algo esencial para garantizar el derecho de defensa.
EL JUZGADO, SOBRECARGADO
Es la misma 'piedra' en el camino que se encuentra también en este juzgado el discurrir del caso Lezo, aunque el volumen de material es notablemente inferior al de Púnica. Según fuentes jurídicas, los volcados están en marcha, pero todavía puede llevar varias semanas completar la incorporación del material y su publicación en el sistema.
A esto se suma la ingente cantidad de trabajo que asume García Castellón, quien además de Púnica y Lezo lleva el 'caso Villarejo' y Acuamed, entre otras. Hasta diciembre contaba con un juez de refuerzo que iba asumiendo los casos nuevos, pero renunció a seguir en su puesto y el Consejo General del Poder Judicial aún no ha decidido si vuelve a asignarle una figura de apoyo.
El juez ha solicitado formalmente que sean dos, el refuerzo y un adjunto que se encargue del 'papeleo', pero la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional sólo ha respaldado específicamente la primera de estas pretensiones. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces tendrá que decidir.
