ANV.- Aralar cree que la ilegalización es "un ataque a la democracia" y una "aberración política" sin cabida en Europa

SAN SEBASTIAN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aralar rechazó hoy la decisión de la Audiencia Nacional de ilegalizar y disolver ANV ya que "supone un ataque a la democracia" así como una "clara conculcación de los derechos políticos". A su juicio, se trata de una "aberración política y jurídica que no tiene cabida ni sentido en la Europa actual".

En un comunicado, Aralar consideró que es necesaria la "abolición" de la Ley de Partidos por tratarse de una "ley antidemocrática" que "ataca directamente los derechos humanos básicos", al tiempo que insistió en que la decisión "atenta contra las libertades".

Por ello, remarcó que "la persecución de ideas no es admisible en democracia", al tiempo que señaló que la "mejor respuesta" ante esta situación es "el reclamar, sin ningún tipo de excepción, la defensa de todos los derechos humanos" porque este tipo de ilegalizaciones "sólo se producen en los países más incivilizados y antidemocráticos del mundo".

En esa línea, la formación abertzale reprochó al Gobierno socialista y a la justicia española el "tomar medidas contra los miembros de ANV y sus votantes" porque estos son "los portavoces y representantes políticos de una sensibilidad de la izquierda abertzale, y su ilegalización es un hecho lamentable y grave".

Para Aralar el caso de ANV es "especial", ya que se trata de un partido con más de 70 años de historia, que "fue ilegalizado durante la dictadura de Franco y se refundó después de ella". "Ahora se vuelven a repetir la carencia democrática de aquellos tiempos, pero ahora en nombre de la democracia", agregó.

"Podrán ilegalizar organizaciones, encarcelar personas, pero a las ideas nadie las puede encarcelar, y no se puede hacer desaparecer la opción política de miles de ciudadanos. Esta decisión no hace ninguna aportación a la convivencia", subrayó.

Por último, Aralar denunció el "juego sucio" del Estado español por utilizar la Ley de Partidos "según sus intereses políticos", al tiempo que abogó por "dejar a un lado la criminalización de ideas". "La labor de un Estado debería consistir en la profundización de la participación ciudadana y de las vías políticas para garantizar de esta manera la diversidad política, ideológica y social", concluyó.