El Congreso amplía la ley que el PP aprobó en 1998, flexibilizando los requisitos para reclamar devoluciones
MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
Acción Nacionalista Vasca (ANV-EAE), la formación política surgida en 1930 que se integró en Herri Batasuna en 1978 y que fue revitalizada la pasada primavera para las elecciones municipales de mayo, ha quedado excluida de la ley que compensa a los partidos políticos por la incautación de bienes durante la Guerra Civil y el franquismo.
Gracias a esta ley, pactada en 1998 por el Gobierno del PP con los nacionalistas vascos y catalanes, ANV aprovechó para demandar compensaciones al Estado por un inmueble, 27 saldos corrientes y 96 arrendamientos, y el Consejo de Ministros presidido por José María Aznar acordó otorgarle una compensación de 684.298,12 euros.
Una vez cumplida la tramitación de la denominada Ley de memoria Histórica, el Congreso ha comenzado hoy a revisar aquella ley de 1998 después de que el pasado mes de febrero se tomaran en consideración sendas proposiciones de ley de CiU, ERC e IU-ICV para subsanar lo que las minorías entendían como defectos de aplicación de la normativa.
ACUERDO CON LAS MINORÍAS, RECHAZO DEL PP.
Según se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias, la ponencia de la Comisión Constitucional encargada de esta reforma ha acordado hoy fusionar las tres proposiciones de ley con el objetivo de ampliar el ámbito de aplicación, flexibilizar los mecanismos de prueba para presentar solicitudes de devolución.
El texto resultante ha sido acordado por el PSOE y los grupos de CiU, PNV, ERC e IU-ICV, mientras que el PP se ha opuesto al entender que la ley de 1998 fue objeto ya de un amplísimo consenso entre los diversos grupos parlamentarios y ahora "no procede ninguna modificación ni ampliación" de la cita norma.
Entre las modificaciones introducidas, el PSOE ha incorporado una enmienda que blinda la ley para evitar que formaciones declaradas ilegales o cuyas candidaturas hayan sido anuladas, como es el caso de Acción Nacionalista Vasca (ANV-EAE), puedan acceder a compensaciones.
En concreto, se ha incluido un nuevo apartado que deja claro que no se podrá restituir ni compensar a "partidos políticos que hubieran sido declarados ilegales, disueltos o suspendidos judicialmente", pero tampoco a aquellas formaciones sobre las que se ha iniciado el procedimiento de ilegalización, aunque no se haya completado, o que hubieran visto anuladas algunas de sus candidaturas en aplicación de lo previsto en la Ley de Partidos Políticos. Este último punto es el que impediría ya de facto que ANV-EAE pudiera acogerse a esta norma, dado que la mitad de sus listas para las municipales de mayo fueron anuladas judicialmente.
También se ha acordado ampliar el ámbito subjetivo de aplicación de la ley para alcanzar a las entidades sociales vinculadas a los partidos políticos, y no sólo a éstos. Igualmente, se flexibilizan los mecanismos de prueba para acreditar la titularidad de los bienes de aquellos años, dada la dificultad para conservar documentos en una Guerra Civil y habiendo transcurrido tanto tiempo.
NUEVO PLAZO PARA RECLAMAR Y REVISIÓN DE LAS PETICIONES EN CURSO.
Al cambiar las condiciones, la ley abrirá además un nuevo plazo de un año para que las formaciones políticas afectadas puedan presentar nuevas solicitudes de restitución y se facultará al Gobierno para que, por decisión de Consejo de Ministros, revise de oficio los procedimientos administrativos aún en curso.
Lo que se ha desestimado es la pretensión de CiU para que las formaciones políticas puedan recibir anticipos de hasta el 30 por ciento de las indemnizaciones que les correspondan cuando existan "elementos de juicio suficientes para ello".
El informe de la Ponencia se discutirá el próximo lunes en la Comisión Constitucional del Congreso, que preside el socialista Alfonso Guerra, y de ahí se remitirá al Senado para su aprobación definitiva.
