Actualizado 23/12/2009 16:24 CET

Aprobado el Decreto Ley que libera el establecimiento y libre prestación de servicios en CyL

VALLADOLID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta aprobó este miércoles el Decreto Ley de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León que conlleva la modificación de una veintena de leyes autonómicas para adaptarlas a la Directiva Europea de Servicios, a través de la que se establecen medidas liberalizadoras que facilitarán el establecimiento y la libre prestación de servicios en Castilla y León.

Este acuerdo del Consejo de Gobierno de este miércoles fue dado a conocer por el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien destacó que con este paso Castilla y León, junto con Andalucía y Madrid, cumple el plazo establecido para llevar a cabo la trasposición de la normativa europea que señaló como límite el 27 de diciembre.

El Decreto-Ley se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León del próximo sábado, día 26 de diciembre, y se ha elaborado tras mantener diversas reuniones con las cámaras de comercio de la Comunidad, Cecale, UGT, CC.OO, la Federación Regional de Municipios y Provincias y el PSOE, con el fin de introducir todas sus inquietudes.

De Santiago-Juárez respondió de este modo a las críticas de los socialistas, quienes le acusaron de no facilitarles la información necesaria sobre este tema, y señaló que "ha habido contactos en todo momento". "A todo el mundo se la ha informado de todo", aseveró.

El portavoz de la Junta prefirió no referirse a proyectos concretos, aunque advirtió que con este Decreto Ley se allana el camino para el establecimiento de IKEA en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), un proyecto sobre el no profundizó porque habría que estudiar en profundidad cómo está el expediente.

MEDIDAS LIBERALIZADORAS

Estas medidas liberalizadoras facilitarán el establecimiento y la libre prestación de servicios en Castilla y León gracias a la eliminación de "barreras" que restringen la puesta en marcha de servicios o que dificultan los nuevos proyectos generadores de empleo.

Así, como destacó De Santiago-Juárez, con estas medidas, que incorporan reformas legales, el Gobierno autonómico prevé impulsar la creación de riqueza en la Comunidad, la generación de puestos de trabajo y la puesta en marcha de nuevos negocios, al introducir una "importante" simplificación en los trámites administrativos.

Las estimaciones de la Junta apuntan a que la entrada en vigor de los cambios contenidos en el Decreto-Ley elevará el PIB de la Comunidad en un 1,1 por ciento durante los próximos tres años y permitirá la creación de entre 7.000 y 9.500 puestos de trabajo.

En concreto, en el terreno comercial, se suprime la segunda licencia, o licencia de actividad, para la instalación de establecimientos que tengan una superficie de venta al público menor de 2.500 metros cuadrados.

A partir de esta extensión sí que se debería solicitar la licencia, ya que los estudios técnicos entienden que el impacto medioambiental y urbanístico necesitará de un control previo. No obstante, para la valoración se eliminan los requisitos de naturaleza económica y, además, se establece de manera expresa que si se produce "silencio administrativo", éste habrá de ser entendido de manera positiva.

También se simplifica el proceso para los casos de transmisión de un gran establecimiento comercial, en determinadas ampliaciones de las grandes superficies o en las integraciones en establecimientos comerciales colectivos al sustituir la licencia comercial por una comunicación previa. Asimismo, queda eliminada la prohibición para ejercer actividades comerciales minoristas y mayoristas en el mismo establecimiento. En su conjunto, se trata de cambios que vienen a dinamizar la actividad en este sector de nuestra economía en aras a conseguir un mayor y mejor servicio a los ciudadanos.

Los cambios también afectan al sector turístico de modo que, a la hora de realizar determinadas actividades se sustituya la autorización administrativa por una declaración responsable de quien solicita la realización de esa actividad.

Esta modificación es aplicable tanto a los establecimientos como a quienes prestan servicios de este tipo establecidos, incluso, en otras comunidades o estados miembros. Así, los empresarios interesados en abrir un negocio turístico (hoteles, hostales, casas rurales, etc*) podrán hacerlo de forma inmediata con una declaración responsable, lo que simplifica los trámites administrativos que se aplicaban hasta el momento, de modo que se ahorran trámites que podían extenderse hasta seis meses.

De la misma manera y en relación con las agencias de viajes, se elimina el requisito de la autorización previa para su establecimiento y se eliminan las incompatibilidades para realizar prestar otros tipos de actividades relacionadas con el turismo en estos establecimientos, todo ello en la línea de liberalización y dinamización que busca la Junta de Castilla y León.

De nuevo, estas actuaciones "evitarán demoras y costes innecesarios" en la implantación de empresas turísticas en la Comunidad, lo que redundará en la creación de empleo en el sector.

LA NUEVA NORMATIVA

La adaptación a la directiva en la Comunidad, que supone una "reforma estructural" y que busca crear "un auténtico mercado interior" de servicios mediante la supresión de "barreras", conlleva la modificación de la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; la de Defensa de los Consumidores y Usuarios; la de Colegios Profesionales; las de Comercio y Ferias Comerciales Oficiales; la de Turismo; las de Caza, Prevención Ambiental y Ruido; la de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y la reguladora del juego y de las Apuestas.

A ellas se suman la de Carreteras; la del Deporte; la de Mediación Familiar; las de protección de animales de compañía y Sanidad Animal en Castilla y León; la ley de Ordenación del Sistema Sanitario; la de Seguridad Industrial; la de Acción Social y Servicios Sociales y la de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.

En muchos casos se sustituye la autorización administrativa por una "declaración responsable" del ciudadano que busque poner en marcha una actividad enmarcada en este sector aunque la autorización se mantiene en el caso del establecimiento de los laboratorios y centros para la realización de análisis y pruebas de calidad.

La modificación legislativa conlleva, según la documentación aportada por la Consejería de la Presidencia, la creación de "centros de gestión unificada" para adaptar la organización de la Administración; la colegiación única para ejercer en todo el territorio nacional o la comunicación previa para la instalación de rótulos y marcas comerciales en los establecimientos fuera de las zonas de dominio público de las carreteras y del entorno protegido.