Arcos.- Junta dice que archivó una denuncia urbanística al creer cierto un informe del arquitecto de la Diputación de Málaga

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, destacó hoy en rueda de prensa la "pulcritud" con la que la Junta de Andalucía actuó en 2006 al archivar una denuncia relacionada con presuntas irregularidades urbanísticas, que actualmente están siendo investigadas en el marco de la Operación Arcos, en el municipio malagueño de Alcaucín al creer cierto un informe elaborado por el jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación provincial de Málaga, José Francisco Mora.

Así, el Ente público andaluz archivó en febrero de 2006 una denuncia presentada contra una de las promociones ahora investigadas, Crocasa, y vinculada a otros dos arrestados en el caso, basándose en un informe elaborado por Mora, donde no se recoge el registro de salida, y en el que se daban avisos de la legalidad de la actuación, según publica el diario 'Málaga Hoy'.

"La Junta ha tramitado las denuncias que ha recibido con toda la corrección y pulcritud", aseguró Gámez, quien indicó que en este caso, la denuncia está vinculada con las alturas de una edificación en suelo de casco urbano y, por lo tanto, el Ayuntamiento de Alcaucín es el organismo competente para responder si esa altura estaba permitida en las normas municipales".

Así, subrayó que la Junta tramitó la denuncia y solicitó informes, pero añadió que el Consistorio justificó la actuación, afirmando que ésta respetaba las normas.

"Nosotros entendimos veraz la información que nos aportó en su momento el Ayuntamiento, como órgano competente y, en base a esa información, archivamos el expediente", apostilló Gámez al tiempo que manifestó que "cuando se demuestre que el contenido no es correcto habrá que revisar".

La delegada recordó que la Junta de Andalucía ha impugnado un total de 27 acuerdos con el Ayuntamiento, vinculados a actuaciones municipales que el Gobierno consideró incorrectas al observar irregularidades de construcciones en suelo no urbanizable.

Asimismo señaló que de los 27 acuerdos municipales, 18 sentencias han sido favorables a la Junta de Andalucía "con lo que se demuestra que la Junta actúa de acuerdo a la ley, persiguiendo aquellos actos administrativos irregulares". "El resto están aún sin resolver", agregó.

"Nadie dice que el contenido del informe sea falso. La existencia o no de un sello puede ser una cuestión formal, por lo que se presupone que es cierto, porque el órgano competente así lo afirma", según subrayó Gámez, quien precisó que "si alguien pone en un documento algo que no es cierto tendrá que ser perseguido por ello".