Arenas aboga por la austeridad y el control para alcanzar un pacto presupuestario con Griñán y Chaves en Andalucía

SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, presentó hoy 30 medidas de austeridad, control del gasto y reconfiguración e incremento de las inversiones, especialmente en educación, sanidad y gasto social, con el objetivo de alcanzar un "pacto" para la puesta en marcha de los presupuestos de la Junta de la Andalucía para 2010, un documento que presentará al líder del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, y al secretario general del PSOE-A, Manuel Chaves, "para no contribuir a incrementar la desunión".

En este marco, Arenas advirtió de que el PSOE se dedica a "sus crisis y el PP a la de las familias y al millón de parados", dejando claro que la "debilidad de Griñán la pagan todos los andaluces, porque Chaves no se termina de ir y Griñán no termina de llegar". "Griñán llegó contra la voluntad del presidente de del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y por imposición de Chaves. El problema está cuando el líder del Ejecutivo andaluz ha querido más poder y Chaves no lo ha dejado", atajó.

El líder 'popular' advirtió de que la "debilidad" de Griñán ha costado a los andaluces 2.500 millones del euros del presupuesto y criticó el Estado "no haya garantizado las inversiones en la Comunidad, ni dado planes de empleo, ni eliminado los peajes, como en otras regiones".

Ante esta situación, Arenas planteó "más inversiones, más ayudas a las corporaciones locales, más educación y sanidad y más reformas, junto con menos impuestos y burocracia", medidas recogidas en un documento que entregará a todos los grupos con representación parlamentaria, además de a Chaves y a Griñán, ya que "aún no está claro si el diálogo se llevará a cabo a nivel de partido o de la Junta", aunque aceptó ambas vías.

Entre las medidas planteadas, se encuentra la disminución "importante" del número de Consejerías de la Junta de Andalucía en un "esfuerzo de austeridad", pasando de 15 a diez; además de la reducción del 50 por ciento de los delegados provinciales, gerentes provinciales de organismos, empresas públicas o entidades asimiladas, del personal eventual y de los altos cargos, para quienes también pide fijar criterios "objetivos" en sus retribuciones, marcando el máximo en el presidente de la Junta.

También, planteó reducir en un 25 por ciento los puestos de libre asignación y los encargos de ejecución y encomiendas de gestión, el primer año, a las empresas públicas, ya que "esas tareas pueden realizarse por los funcionarios". Asimismo, el documento propone disminuir un 20 por ciento las transferencias corrientes y las subvenciones de agencias públicas o sociedades mercantiles, entre otras, y que no cuenten con objetivos productivos o sociales, reconvirtiendo además el 50 por ciento de las inversiones de reposición en inversiones nuevas y detrayendo de estos capítulos el gasto corriente.

INVERSIÓN EN TRANSPORTE, VPO Y JUSTICIA

Arenas apostó por incrementar el presupuesto en el capítulo de gastos en materia de obras públicas y transportes, con la ampliación de la red de autovías y del transporte metropolitano; de vivienda, con el desarrollo de inmuebles de protección oficial; y de medio ambiente, con el ciclo integral del agua y la colaboración con el Estado en materia de trasvases.

En este marco, el documento apuesta por la educación, "cumpliendo, como mínimo, con el escenario financiero establecido en la Ley de Educación de Andalucía", y centrándose en la mejora de las infraestructuras, la modernización de la Formación Profesional, la extensión del bilingüismo y las nuevas tecnologías y ofreciendo garantías para que las sustituciones docentes se realicen en 48 horas.

Además, propuso la puesta en marcha de las Ciudades de la Justicia y el desarrollo de programas de rehabilitación del patrimonio histórico y cultural de los municipios que no constituyen capitales de provincia.

EL 50% DE LA DEUDA HISTÓRICA PARA MUNICIPIOS

La propuesta del PP-A incluye el incremento del Plan de Cooperación Municipal de manera que su dotación alcance el cinco por ciento del total del presupuesto, "aumentando la financiación incondicionada". Estas partidas se destinarías a política migratoria, seguridad, turismo, centros educativos, aguas, comercio e infraestructura urbana y de transporte.

"Los Ayuntamientos andaluces serán beneficiarios del 50 por ciento de las cantidades recibidas por la Comunidad por la liquidación de la denominada 'deuda histórica' para inversiones en educación, sanidad y vivienda", añade.

También, se proponen medidas de "emergencia social", como dotar un fondo para las familias sin ingresos o para las familias que no puedan hacer frente a sus hipotecas; además de "modernizar y reformar" las políticas de empleo en Andalucía y poner en marcha medidas para otorgar mayor liquidez a los autónomos y las pymes.

REFORMA FISCAL

El documento incluye la necesidad de emprender una reforma fiscal "selectiva", con incentivos a las familias, creadores de empleo y para la adquisición de vivienda y recoge bonificaciones del 99 por ciento de la cuota tributaria para determinados grupos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con "mejoras en las tributación del resto de transmisiones".

Así, plantea un incremento del 50 por ciento en la deducción por compra de vivienda habitual, un 20 por ciento por arrendamiento de vivienda para menores de 36 años, con minusvalías a partir del 33 por ciento o para parados de larga duración y familias numerosas. También, propone deducciones de 500 euros para el fomento del autoempleo y de 400 euros para las mujeres trabajadores con hijos de entre tres y cinco años; además de la venta de patrimonio de la Comunidad y la cesión, acordada con el Gobierno central, de suelo de los patrimonios de suelo ociosos de titularidad estatal para vivienda social y equipamientos públicos.

Las medidas que complementan el documento se centran en la aceleración de las licitaciones y adjudicaciones de inversiones públicas; poner en marcha un Plan de Reordenación del Sector Público andaluz y crear una Comisión parlamentaria de Control y Seguimiento de este sector.

Por ultimo, recoge una serie de "exigencias" al Gobierno de la nación, como el incremento de los fondos adicionales del nuevo sistema de financiación para Andalucía, el establecimiento de garantías de las inversiones no ejecutadas, el pago en efectivo de la 'deuda histórica' o la compensación por la desaparición del Impuesto de Patrimonio.