CÁDIZ, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció hoy que si llega a la Presidencia de la Junta derogará el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y que redactará en un plazo de seis meses un nuevo plan "consensuado" con los ayuntamientos andaluces, los agentes sociales, colegios profesionales, consumidores, ecologistas y el propio sector.
Arenas realizó el anuncio tras mantener una reunión con los alcaldes y portavoces municipales de su partido en la que firmaron una declaración asumiendo la responsabilidad de redactar un nuevo Plan de Infraestructuras de Andalucía que suponga "la auténtica vertebración del territorio, con un calendario concreto y una financiación garantizada" con una vigencia de ocho años y estrechamente vinculado con el POTA y los planes de infraestructuras del Estado.
El dirigente del PP-A manifestó que el POTA es "responsable de una crisis de confianza de los inversores" en Andalucía y añadió que los andaluces "deben identificar" el Plan "con el paro y la negación del empleo". Asimismo, aseveró que con el POTA "es absolutamente imposible que se cumplan los objetivos de crecimiento de la vivienda de Andalucía planteado por Chaves", ya que argumentó que plantea el mismo crecimiento para municipios de menos de 20.000 habitantes que para grandes ciudades, lo cual "es un solemne disparate".
Así, añadió que "sólo en regímenes comunistas, especialmente el soviético y el chino, alguien ha planteado limitar los crecimientos de la población", porque cada uno "tiene derecho a vivir donde decida y no donde quiera Chaves que vivan".
Por ello, en su declaración, los alcaldes del PP consideraron "inaplazable y esencial" dotar ala comunidad andaluza de "un marco eficaz y racional de Ordenación del Territorio en su conjunto y de forma específica e individualizada de un desarrollo armónico y medioambiental de los pueblos y ciudades".
A juicio de los dirigentes del PP, el POTA "se ha hecho a espaldas de los ayuntamientos y sectores sociales" y supone "un atentado contra la autonomía municipal, la vulneración de principios constitucionales de legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica".
Asimismo, indicaron que "la mejor manera de erradicar los escándalos en el ámbito de la ordenación territorial, el medio ambiente y el urbanismo ha de venir por la aplicación de la Ley y no frenando el desarrollo".
Además, manifestaron que la proliferación de casos de corrupción urbanística, "las contradicciones constantes permitidas desde el ámbito competencial autonómico en los crecimientos y desarrollos anárquicos de amplias zonas del territorio han consagrado el fracaso socialista de garantizar la compatibilidad entre desarrollo y sostenibilidad, progreso y medio ambiente, y crecimiento y planificación".
