SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP-A, Javier Arenas, trasladará al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, con motivo de la reunión que mantendrán este viernes, un documento en el que los populares recogen doce bases fundamentales para abordar la reforma del modelo de financiación autonómica, una de los cuales se refiere a que no sería "justo ni eficaz" abordar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas "sin afrontar de manera paralela" la reforma del sistema de financiación de las entidades locales.
En el documento, al que tuvo acceso Europa Press, se señala en la introducción que el resultado de la aplicación del sistema de financiación autonómica aún en vigor "ha reportado notables beneficios financieros a nuestra comunidad autónoma, que ha ganado en autonomía financiera, con un incremento más que notable en sus ingresos, y en capacidad normativa, aunque ésta no ha sido suficientemente utilizada".
Se añade que el actual Gobierno de la Nación "se ha negado a aplicar en su integridad el actual modelo, absteniéndose de desarrollar los mecanismos previstos para garantizar su suficiencia dinámica", al tiempo que tenía "que justificar la necesidad de un nuevo modelo, tratando de demostrar la invalidez del que había sido consensuado tres años antes".
Para el PP, en el caso de Andalucía, "no ha tenido en cuenta el crecimiento demográfico sin precedentes que se ha producido en los últimos años, no ha desarrollado la previsión legal de actualización de las necesidades de gasto de nuestra comunidad y tampoco ha tenido en cuenta el incremento de otros gastos en los servicios públicos ajenos a la capacidad de decisión de Andalucía".
En cuanto a las doce bases fundamentales para la reforma del sistema de financiación autonómica que plantee el PP en su documento, se encuentra, en primer lugar, la necesidad de que el modelo "debe ser plenamente respetuoso con la Constitución y con los principios esenciales que se desprenden de ella". Se trata de garantizar "la solidaridad interterritorial, la suficiencia financiera de las comunidades autónomas y la garantía de igualdad de los españoles en el acceso a todos los servicios públicos prestados por las comunidades, con independencia de la capacidad de la comunidad en que residan", según el PP.
El segundo de los puntos alude a que "no sería justo ni eficaz" abordar un nuevo sistema de financiación autonómica "sin afrontar de forma paralela" la reforma del sistema de financiación de las entidades locales. El PP también expresa "el rechazo más contundente al recorte en torno a 700 millones de euros previsto por el Ministerio de Economía y Hacienda para el año 2009 en el fondo que reciben los ayuntamientos de su participación en los ingresos del Estado cada año".
Las siguientes bases hacen referencia a que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) debe ser el foro donde se consensúe y concrete la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, y a que el sistema debe cumplir el principio de generalidad, contemplando la financiación de todos los servicios traspasados a las comunidades Autónomas, incluida la Atención a la Dependencia. "El nuevo modelo debería integrar la financiación de la dependencia en el sistema Lofca de financiación, aunque fuera de manera gradual para hacer compatible dicha integración con la suficiencia financiera del Estado", indica el PP.
La quinta de las bases se refiere a que el sistema de financiación que se apruebe debe tener una vigencia indefinida y ser acordado por unanimidad. "La vocación de permanencia del sistema de financiación es una exigencia del principio de estabilidad y debe ser reflejo de la madurez y la responsabilidad del Estado de las Autonomías y de los diferentes niveles de gobierno que lo conforman", señala el PP, para quien para que sea posible, "es indispensable la aplicación efectiva de los mecanismos de actualización de las necesidades de gasto y del principio de lealtad institucional".
La siguiente de las bases hace mención a que el sistema debe garantizar la suficiencia financiera de las comunidades, de tal manera que debe "proveer los recursos necesarios para que las Comunidades puedan prestar los servicios transferidos del Estado con un nivel estándar de calidad. Este principio debe cumplirse tanto en el punto de partida (suficiencia estática) como a lo largo del tiempo (suficiencia dinámica)".
Añade que el sistema debe establecer, como siempre se ha hecho en las negociaciones en materia de financiación autonómica, una garantía inicial de mantenimiento del "status quo', es decir, ninguna comunidad autónoma podrá disponer de menos recursos financieros de los que les proporciona el sistema vigente".
NO SUBIDA DE IMPUESTOS
El séptimo de los principios señala que las comunidades deben recibir los recursos necesarios para la financiación de sus servicios a través de impuestos recaudados o parcialmente cedidos en su región, como recurso principal, y como elemento esencial de su corresponsabilidad fiscal, mientras que, en ningún caso, "la mejora de la financiación para las comunidades autónomas puede contener una subida de impuestos".
"La solidaridad debe ser un principio irrenunciable, siendo así que cualquier modelo que se apruebe debe asegurar los recursos suficientes a las comunidades para prestar los servicios transferidos, con independencia de su capacidad fiscal", señala la octava de las bases recogidas en el documento, donde se aboga por mantener el Fondo de Suficiencia sin que se produzca reducción alguna del mismo en términos de dotación presupuestaria.
La base siguiente se refiere a que deben incrementarse las competencias normativas y gestoras de las comunidades sobre los tributos cedidos y compartidos, pero respetando la eficacia y la armonía de la que actualmente goza nuestro sistema fiscal, que constituye un ejemplo entre otros países federales y entre algunos órganos internacionales.
En décimo lugar, se plantea que en materia de gestión tributaria, el sistema debe avanzar en el impulso de fórmulas de colaboración y coordinación entre los servicios tributarios de las comunidades y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las dos principios siguientes se refieren al incremento del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), no menos de 3.000 millones en los Presupuestos Generales del Estado de 2009, y a que se garantice una inversión del Estado en la comunidad andaluza equivalente a su población y que será ejecutada.
