Compañeros de comando de Alberdi y Narváez, podrán aportar datos sobre su participación en las causas por las que se les investiga
MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La detención en México de los etarras Jesús Narváez e Itziar Alberdi pondrá a prueba la reinserción de los ex etarras Jon Urrusulo Sistiaga e Idoia López Riaño, 'La Tigresa', ambos acogidos a la 'Vía Nanclares' a la que se accede tras haber manifestado arrepentimiento y asumir el compromiso de colaborar con la Justicia. La razón es que los cuatro integraban el 'comando Ekaitz' de ETA y tanto Urrusolo como López Riaño están ya condenados por algunos de los asesinatos por los que ahora se investigará a Narváez y Alberdi.
De este modo, Urrusolo y 'la Tigresa' podrán aportar información relevante sobre la participación de sus ex compañeros. Es habitual que en los juicios que se realizan en la Audiencia Nacional contra detenidos de ETA por su participación en atentados se cite a declarar como testigos a otros integrantes del comando ya condenados para que aporten la información o al menos les identifiquen. La citación como testigo la puede solicitar tanto la Fiscalía como las acusaciones.
Los testigos están obligados decir la verdad, pero en la mayoría de casos, los etarras se niegan a declarar o aseguran no recordar a sus compañeros, en algunas ocasiones, a pesar de saludarse afectuosamente al entrar en la sala donde se realiza el juicio.
Al 'comando Ekaitz' en el que estuvieron los cuatro se le atribuyen 18 atentados en apenas un año. En concreto, 'Pajas' y su pareja acumulan una decena de asesinatos a sus espaldas, según el historial de causas pendientes en los juzgados centrales 1,4 y 5 de la Audiencia Nacional, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. En varias de estas causas se encuentra personada la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ya en otras ocasiones ha solicitado la comparecencia como testigos de compañeros terroristas.
ASESINATO DE DOS POLICÍAS
El Juzgado del que es titular Santiago Pedraz tramita una causa contra Narváez y Alberdi por el envío de un paquete bomba desde Toledo hasta Madrid destinado al presidente de Construcciones Atocha S.A., Jesús Gallego. Dos artificieros de la Policía Nacional murieron ese 12 de junio de 1991 al desactivarlo y varias personas resultaron heridas con la explosión. La empresa era una de las adjudicatarias de la autovía de Leizarán.
Por ese atentado, cometido por el 'comando Ekaitz', fue condenado a 296 años de cárcel el etarra Jon Urrusulo Sistiaga por sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dictada en 2005. Este preso, expulsado de la banda por su disidencia, ya ha disfrutado de permisos de salida de prisión extraordinarios en el marco de la 'Vía Nanclares'.
Los detenidos en México también serán interrogados por el asesinato del catedrático Manuel Broseta en 1992. Según los hechos probados de la sentencia sobre este asesinato, dictada en 2003 por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Narváez y Alberdi fueron los encargados de robar el coche con el que huyó el grupo tras disparar mortalmente a su víctima en la cabeza. Posteriormente abandonaron el coche dejando en el maletero un artefacto explosivo con intención de causar daños a quien tratase de desactivarlo. Consiguieron su objetivo al herir gravemente a un Policía Nacional.
Según esta misma sentencia, fue Urrusolo quien ordenó al grupo que llevase a cabo el atentado. Por ello fue condenado a 28 años de cárcel, mientras que José Luis Álvarez Santacristina, 'Txelis' (hoy también disidente expulsado de ETA) y Francisco Mujica Garmendia, 'Pakito', fueron condenados a 30 años de prisión cada uno.
ASESINATO DE MANUEL BROSETA
A los tres se les consideró inductores del atentado, si bien sobre la autoría material del disparo tan solo se sabe que Broseta fue abordado por dos terroristas cuando se dirigía a impartir una clase en la Universidad. Por esta misma causa fue condenada 'La Tigresa' a 36 años de cárcel por pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas y explosivos y falsedad documental, actividades derivadas de su integración en el 'comando Ekaitz'.
Otra causa es la relativa al asesinato de los policías nacionales José Garrido y Javier Delgado en diciembre de 1991. Por estos hechos Urrusolo fue condenado a 30 años de cárcel. La misma pena se le impuso por el asesinato del directivo de Ferrovial José Edmundo Casañ por el que también se investigará a Narváez y Alberdi.
El juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional incluyó el pasado mes de noviembre en un auto la obligatoriedad que asiste a los presos de la 'Vía Nanclares' a colaborar con la Justicia. Fue en el caso del disidente etarra Aitor Bores al que autorizaba a salir de la prisión de Zaballa (Álava) todos los días menos los fines de semana a cambio de colaborar con la Justicia en caso de que se le requiriese en el futuro. De negarse, se le revocaría este beneficio penitenciario.
OBLIGACIÓN DE COLABORAR
"El Juzgado no puede entrar a concretar en qué puede o debe consistir esta colaboración, pero no pone en duda la voluntad del interno ratificado en varios escritos y, en todo caso, el hecho de que ante un requerimiento puntual el interno se negare sin justa causa y pudiendo hacerlo a prestar la colaboración, cabría dejar si efecto la clasificación", decía el auto al que tuvo acceso Europa Press. La legislación actual obliga a los presos de ETA a romper con la banda, pedir perdón a sus víctimas o colaborar con la Justicia para ser excarcelados.
El mismo Juzgado de Vigilancia Penitenciaria también rechazó el 2012 conceder un permiso penitenciario al etarra disidente Valentín Lasarte, también acogido a la Vía Nanclares. Consideraba que el que fuera miembro del 'comando Donosti' no demostraba "una predisposición pro social nueva" ni "un profundo cambio de actitud".
Meses después de aquello, la declaración de Lasarte durante un juicio sirvió a la Audiencia Nacional a condenar a treinta años y cuatro meses de cárcel al ex jefe militar de ETA Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', por el asesinato del inspector jefe de Policía Enrique Nieto. Desde entonces, ha disfrutado de varios permisos penitenciarios.
