Arrimadas afirma que el plan de incentivos fiscales de Cs en Cataluña no debe suponer "ayudas" a empresas

Actualizado 04/12/2017 12:56:56 CET

Pide que la reforma del sistema de financiación autonómico no se traduzca en una "lucha territorial" entre comunidades

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder de Ciudadanos en Cataluña y candidata a la Presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que el plan de choque que propone su partido para el retorno de las empresas que han salido de Cataluña en los últimos meses no debe suponer la concesión de "ayudas del Estado" a empresas.

En un desayuno informativo de Europa Press, Arrimadas ha indicado que "no se tiene que caer en ayudas del Estado" y que lo que plantea Cs es un paquete de incentivos fiscales, y como ejemplo ha mencionado el efecto que tendría establecer "un IRPF competitivo".

Según ha explicado, ahora "muchas empresas" dicen que para ellas es mejor contratar trabajadores en otras comunidades porque Cataluña tiene "de los índices más altos de España" en varios tramos de ese impuesto.

Así ha contestado cuando le han preguntado si lo que plantea Cs podría implicar la concesión de ayudas fiscales a empresas que están prohibidas por la Comisión Europea. El programa del partido naranja para las elecciones catalanas del 21 de diciembre prevé una bajada del tramo autonómico del IRPF para "la clase media trabajadora" y una "revisión de la fiscalidad" para atraer empresas.

SEGURIDAD JURÍDICA

Asimismo, Arrimadas ha subrayado la necesidad de que, tras las "barbaridades e ilegalidades" llevadas a cabo por los gobernantes independentistas, haya "seguridad jurídica" en Cataluña, así como que la normativa esté clara para que no haya tanta "conflictividad judicial" entre la Generalitat y el Gobierno central.

En su opinión, Cataluña tiene "un potencial asombroso", y si después del 21-D se forma un Ejecutivo constitucionalista que se dedica a "trabajar y dejar trabajar" y no cae en prácticas corruptas como hizo Convergència cuando gobernaba, la región podrá volver a atraer talento, inversiones y empresas y será "más competitiva que antes".

La portavoz nacional de Ciudadanos también ha apostado por priorizar la construcción de infraestructuras como el Corredor Mediterráneo para facilitar el retorno de empresas, por su "impacto positivo en términos económicos, industriales y medioambientales".

PRIORIZAR LAS POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

Cuando le han preguntado cuál será la primera medida que adopte si llega a presidir la Generalitat, ha contestado que una de ellas será un pacto para priorizar las políticas sociales y económicas, para que todo el dinero que se ha estado destinando al proceso independentista, a "la propaganda y los chiringuitos políticos", se dedique a servicios sociales y programas de creación de riqueza.

"En nuestra tierra se habla mucho de independencia y muy poquito de dependencia", ha lamentado, añadiendo después que el plan de retorno de empresas también debe ser "bastante inmediato" porque "cada día que pasa, tienen más difícil volver" a Cataluña.

Por otro lado, Arrimadas ha criticado la propuesta del lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, de establecer un sistema fiscal descentralizado en España usando como referencia el modelo del Concierto Económico Vasco, porque Ciudadanos no quiere tener "50 Haciendas" distintas y de esa manera "dificultar la lucha contra el fraude fiscal".

Frente a eso, ha defendido un nuevo sistema de financiación que sea "justo y transparente" y esté basado en criterios técnicos, no en "acuerdos políticos alcanzados en un cuarto oscuro", como cree que hicieron PP, PSOE y PNV recientemente con el cupo vasco.

Según ha señalado, el objetivo debe ser que las distintas comunidades puedan financiar los servicios públicos básicos y luego, haciendo uso de su autonomía, puedan decidir si aumentan la cartera de servicios o no. En este contexto, ha sugerido fijarse en un modelo como el de Alemania, "descentralizado" y "eficiente".

En este sentido, ha rechazado una "lucha territorial" entre gobiernos autonómicos, argumentando que "las discrepancias internas en un país son malas para todos". Considera que lo que hay que determinar, con criterios "objetivos y técnicos", es cuánto cuesta una cama de hospital o una plaza en un colegio.