Dice que la convocatoria fue la solución "imaginativa" para apagar una "crisis política" en el soberanismo tras anular la consulta el TC
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha defendido este miércoles en el juicio que se celebra en el Tribunal de Cuentas por su responsabilidad contable en la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, que los ordenadores portátiles que se utilizaron en las mesas electorales eran para las escuelas catalanas y que es "irrelevante" que los 2,8 millones de euros con los que se adquirieron hubieran estado previamente consignados en la partida para el referéndum que anuló el Tribunal Constitucional.
Mas, el primero de los miembros de aquel Govern que habrán de prestar declaración en el juicio a petición de Sociedad Civil Catalana, la Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución y la Abogacía del Estado, ha defendido la "normalidad" del procedimiento con el que se sufragaron los gastos del 9N, especialmente la partida destinada a casi 7.000 ordenadores portátiles, tantos como puntos de votación se habilitaron.
A preguntas de la acusación, ha afirmado que "los ordenadores iban al sistema educativo catalán para las necesidades educativas del sistema" y "a partir de ahí, ya están en uso de la Administración y si la Administración considera que puntualmente y sin perjuicio para las escuelas y los maestros se pueden usar puntualmente, pues se puede".
Sobre el hecho de que se costearan con 2,8 millones de euros que su gobierno había volcado al fondo de contingencia desde la partida de cinco millones con la que preveían sufragar una consulta anulada por el Tribunal Constitucional, Mas ha incidido en que es "irrelevante" y que, en todo caso, controlar este pormenor no estaba en sus funciones, como tampoco estaba, según ha afirmado, "interpretar lo que piensan los interventores" ni "vigilar los procesos administrativos".
"Una vez usted ha hecho una modificación de partida, el dinero no queda en una partida concreta para una finalidad específica, o va a otra partida o a un fondo de contingencia que sirve para atender prioridades a criterio del Gobierno. Imagino, aunque como presidente de la Generalitat no entraba ahí, que se hizo así", ha señalado, para añadir después: "No conozco la técnica presupuestaria y no me corresponde a mí conocerla".
En esta línea, ha argumentado que habilitar el presupuesto necesario para el arrendamiento de los ordenadores días antes de la consulta responde a "una forma normal de funcionar de la administración" y es sólo una más de las 1.414 modificaciones presupuestarias por importe de 1.250 millones de euros que se hicieron, según ha dicho, en 2014.
"NO ME DABA MIEDO NADA"
Para Mas, en todo caso, no había nada malo en la ese proceso participativo desde el momento en que se convocó en rueda de prensa, su organización se dejó en manos de voluntarios y "durante tres semanas largas el Tribunal Constitucional no dijo nada y el Gobierno español se mofaba" del tipo de consulta que se había convocado. "No me daba miedo nada, como después se demostró", ha asegurado.
"En esas tres semanas sí gastamos un dinero y comprometimos recursos pero en un marco en el que no hay ninguna resolución del Tribunal Constitucional", ha defendido Mas, para incidir en que si el Ejecutivo central no pidió que se paralizase y el Alto Tribunal no tomó medidas en aquel momento es porque "políticamente era lo mismo, pero jurídicamente era completamente distinto" lo que se había convocado.
De hecho, ha argumentado que la convocatoria de un "proceso de participación popular" fue para apagar una "crisis política dentro del movimiento soberanista" tras la anulación de la consulta inicial.
"Llegamos a la conclusión de que si no hacíamos caso (al TC), la Administración Pública no sería capaz de organizar bien esa consulta y tuvimos que imaginar y crear nuevos escenarios", ha comentado en relación al 9N, que "descargaba a la administración de la organización" y la dejaba en manos de voluntarios. "Por eso se cambió el nombre", ha apostillado.
Mas ha señalado que cuando a cinco días de la votación el Constitucional se pronunció anulándola, surgieron dudas que el Govern planteó en un recurso de aclaración para el que "nunca llegó" respuesta, entre las que ha citado "cómo iba a poder obligar a 40.000 voluntarios a suspender algo que estaban haciendo voluntariamente", "qué había que hacer con las fuerzas de seguridad porque movilizarlas podía comportar un gasto" y "qué iba a pasar con todos los contratos hechos y el material producido y los servicios facturados".
"Tuvimos la confirmación definitiva de que no habíamos hecho nada malo cuando en la misma jornada nadie hizo nada para impedirlo", ha zanjado.
