MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presenta hoy un escrito en la Audiencia Nacional para instar a la justicia a actuar contra la impunidad de Batasuna en relación con el acto político celebrado el pasado sábado en Bilbao por la marca electoral Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) y las convocatorias públicas que destacados dirigentes de la formación han realizado los últimos meses. Asimismo exige que la autoridad judicial debe pronunciarse sobre la legalidad de un acto convocado para hoy en Vitoria.
Los servicios jurídicos de la AVT remitirán este escrito al órgano judicial porque consideran que estos actos son una "descarada presentación de la candidatura de ETA" para los próximos comicios autonómicos. "Ni la justicia, ni las víctimas ni la ciudadanía pueden pasar por alto" este hecho, señala la AVT, que reclama con urgencia medidas judiciales contra estos actos.
En dicho escrito, la AVT pide que se actúe contra la impunidad de Batasuna que "que no ha dejado de actuar desde hace muchos meses con total normalidad" a pesar de su ilegalización. "Sus dirigentes han seguido convocando reuniones, ruedas de prensa, comparecencias públicas, manifestaciones y actos públicos diversos sin que en muchas ocasiones, se les prohibiera actuar", acentúa la asociación.
La AVT también explica que con esta marca electoral, Batasuna reinventa una careta para concurrir en las elecciones municipales y denuncia que con "el proceso de rendición del Estado", en referencia a la política antiterrorista del Gobierno, la formación ilegalizada "ha recobrado su presencia pública con casi total impunidad".
En el documento elaborado por la AVT, también se pide al poder judicial que recabe cuantos informes existan de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado acerca de la vinculación de la nueva marca de la izquierda abertzale.
Como prueba de esa presencia pública, pone de relieve la colocación de anuncios y cartelería de esta marca en varias localidades del país vasco y que las marchas del 6, 7 y 8 de abril en varios puntos de la región están convocadas por la organización ilegalizada SEGI.