MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Familiares del Accidente del Yak-42 mostró hoy su "estupor, incomprensión e indignación" por el auto de archivo de la investigación por falsedad documental en las identificaciones de los 62 fallecidos, anunció que recurrirá la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska ante la sala de lo Penal del citado tribunal y reclamó que el Ministerio de Defensa se persone en el procedimiento judicial.
En un comunicado leído públicamente por su presidente, Pacho González Castilla, la asociación criticó la decisión de Marlaska ante algo que para ellos resulta "de vital importancia" y manifestó su "sorpresa" por lo que el juez Grande-Marlaska califica de "hechos imputados como una 'conducta grave' pero en los que no actúa en consecuencia".
Así, González aseguró que pedirán la asistencia del ministro de Defensa, José Antonio Alonso, "para defender la memoria de los militares españoles fallecidos" ante la Audiencia Nacional y exigió además que el Ministerio Fiscal recurra el auto publicado "para que las víctimas puedan tener el derecho a un juicio oral".
En caso de producirse éste, los familiares piden que se puedan aportar los testimonios de las víctimas, además de las declaraciones de los fiscales y forenses turcos "para que aclaren lo sucedido los días 26, 27 y 28 de mayo de 2003". También ven necesaria la presencia del director del Instituto Anatómico Forense turco para que ratifique el "intento de extorsión por parte del Ministerio de Defensa de la época".
En esta línea, pidieron respuestas a algunos de los interrogantes que rodearon el siniestro, como el hecho de que el avión contratado no cumpliese la normativa internacional, que los militares viajaran sin seguro, que se ocultaran sus quejas, o la negativa a investigar la contradicción encontrada en los documentos oficiales en los que se afirmaba que se identificó a los fallecidos "sin género de dudas".
DECISIÓN PREMATURA
Por su parte, el abogado de la asociación, Eudald Vendrell, dijo compartir la sorpresa de los familiares por la resolución del juez, ya que en su opinión esta decisión venía agravada por la existencia de unas diligencias abiertas por todas las acusaciones, incluido el Ministerio de Fiscal, a fin de establecer un juicio oral. "Es técnicamente imposible que el juez la deniegue, no obstante este caso requiere haber agotado hasta el extremo la instrucción y unas razones seguras y convincentes", agregó.
En esta línea, explicó que el recurso versaría sobre esta petición dado que el sistema legal normal en el procedimiento penal dice que la respuesta a las "dudas" de los afectados pasa por "facilitar la puesta en marcha de un juicio oral y público", en el que las contradicciones puedan ser claramente probadas y discutidas con la testificación legal de todas las personas que tengan un conocimiento sobre los hechos.
"Entendemos que es una vulneración del derecho de defensa y por tanto apelamos que es precipitada teniendo en cuenta la gravedad de los hechos", matizó.
CRÍTICAS A LA IDENTIFICACIÓN
Por su parte, Francisco Cardona, padre de uno de los militares fallecidos, criticó el auto de Marlaska y cuestionó la actuación de los responsables de la identificación de los cadáveres, ya que el proceso se basó en la coincidencia de "rasgos faciales y datos concordantes con la documentación de los fallecidos". "Mi hijo estaba totalmente carbonizado y en estado irreconocible, que me digan a mí con qué fotografía, según dicen, reconocieron sus restos", denunció.
En este sentido, Yolanda Vegas, hermana de otra de las víctimas, criticó la existencia de certificados de autopsias falsos, e instó a la Audiencia Nacional a esclarecer los hechos ya que en su opinión, lo que para el juez Marlaska no tiene trascendencia, para ellos sí la tienen. "La tiene, la ha tenido y la va a seguir teniendo", subrayó.
Finalmente, Miguel Ángel Sancianes, que también perdió a su hermano en el accidente del Yak-42, dijo querer compartir con la sociedad "lo que no se escucha en la justicia" y relató su experiencia personal, dado que su hermano fue erróneamente identificado y dados sus restos a otra familia. "Los que estamos aquí sabemos lo que es vulnerar los derechos básicos de las personas, y creo que en el país en el que estamos estas situaciones no se pueden dar", lamentó.
Por ello, apeló a la "conciencia social" de la ciudadanía española, "para que imaginen la situación de perder a un familiar y tener que buscar su cuerpo". "Yo espero que la sociedad entienda que esto es inadmisible, que nosotros seguiremos dando la palabra por la memoria de los nuestros", concluyó.