LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Justicia y Sociedad se ha personado hoy como acusación particular contra el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, por un presunto delito de cohecho; y contra el diputado del Parlamento de la Comunidad Autónoma, Manuel Fernández González, del que destacan su posible "conexión" contractual con el Grupo Anfi, al tiempo que ejercía de diputado en el Parlamento de Canarias. Al respecto, Fernández ha declarado que sus actividades eran compatibles y el Parlamento ha emitido un certificado al respecto.
El abogado de la asociación, José Manuel Rivero, aseguró que el colectivo al que representa no puede "dejar pasar que el Parlamento de Canarias pueda convertirse en una caja de resonancia de intereses particulares, como se hizo con las camas turísticas [de Anfi] para favorecer determinados intereses". "La función de la Cámara regional se ha puesto en entredicho", apostilló.
"De la declaración se Soria se desprende que hay dos idas en un jet privado sin que conste que se hayan abonado tales viajes en el avión de un promotor inmobiliario (Bjorg Lyng), que tenía interés para que se aprobaran las camas turísticas que había presentado en su proyecto", manifestó el abogado.
También anunció que no se quieren quedar en el caso "aislado" del viaje de Soria, si no que "aparecen derivaciones de conexión para lo que al final resultó la aprobación del proyecto, con gran escándalo dentro del Parlamento canario".
VINCULACIONES CON GRUPOS INMOBILIARIOS
De esta manera, explicó que esta denuncia se ha realizado a raíz de la última aportación del denunciante Carlos Sosa, donde se presentó un contrato fechado el 1 de diciembre de 2006, por el que un diputado regional del PP, --Fernández González-- se vinculaba a un grupo inmobiliario (Anfi) para su asesoramiento. "Un diputado que perteneció a la Comisión de Ordenación Territorial y de Medio Ambiente del Parlamento de Canarias", dijo.
Así, manifestó que en esa comisión se tramitó el proyecto en el que habían varios complejos de camas turísticas, "entre las que se encontraba Anfi Tauro", y donde se aprobaron las 5.496 camas. "Es decir, un diputado con un contrato vinculado a un grupo inmobiliario tenía interés en que se respaldara jurídicamente en esa Comisión, perteneciendo ese diputado a dicho órgano, la aprobación de las camas", reiteró.
La asociación entendió que la representación de la sociedad canaria tiene que estar para cumplir su función constitucional "y no para estar en una comisión de un expediente de aprobación de camas turísticas estando vinculado con un contrato de asesoramiento".
"Creo que cuando está en entredicho la función del Parlamento por las vinculaciones que puedan tener los diputados por grupos inmobiliarios y especulativos es necesario que se esclarezcan estas circunstancias y se depuren las responsabilidades. Entendemos que hay un delito de negociación indebida en este caso", dijo.
