La sanción de arresto por participar en la manifestación de guardias civiles es "premeditada" y Alonso debe responder, según AUME
MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Mariano Casado, anunció hoy que su agrupación pedirá al ministro de Defensa, José Antonio Alonso, el cese del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Carlos Villar Turrau, por las irregularidades en los trámites de expedientación contra el Brigada del Ejército de Tierra y presidente de AUME, Jorge Bravo Álvarez, por su participación en la manifestación de guardias civiles del pasado 20 de enero en Madrid.
Según explicó Casado, la tramitación del expediente disciplinario abierto contra Bravo se encuentra plagada de irregularidades y fue iniciada "por criterios de oportunidad política", por lo que la resolución final del mismo, que preveía que Bravo cumpliese dos meses de arresto, estaba "premeditada" desde el comienzo.
De hecho, durante el pasado mes de febrero, Bravo ya cumplió un arresto de un mes y un día por hacer unas declaraciones públicas en marzo de 2006 en las que criticaba al ministro de Defensa, José Antonio Alonso, tras el accidente de los helicópteros Cougar en Afganistán, en el que murieron 17 soldados.
Por todo ello, Casado anunció que desde la Asociación se va a pedir al ministro de Defensa el cese, de forma inmediata, de Carlos Villar Turrau, por no haber sido "garante de los derechos y libertades de los militares sobre los que manda". "De ahí para abajo, habrá que pedir el cese, posiblemente, de otras personas que también tienen mucho que ver en esto", añadió.
En este sentido, Casado remarcó también que, de no producirse este cese, "el máximo responsable del departamento, el ministro Alonso, también tendría que seguir el mismo camino", porque, en su opinión, si no lleva a cabo está acción "él, o el gobierno, están amparando un procedimiento absolutamente irregular y contrario a un Estado de Derecho moderno".
Mientras tanto, el Brigada Bravo ha presentado una recusación al expediente y una denuncia contra Villar Turrau y el comandante auditor nombrado instructor del expediente disciplinario, José María López de Celis, a los que acusa de un presunto delito de prevaricación.
"PROCESO IRREGULAR"
En la documentación presentada sobre la tramitación del expediente disciplinario, Casado advirtió como una de las primeras irregularidades se encuentra ya al comienzo del mismo proceso, al demorarse la orden de actuación hasta el 16 de mayo, cuando los hechos ocurrieron el 20 de enero. Según denuncia el propio Bravo, esto supone "una lesión del principio de inmediatez que debe presidir toda actuación que suponga un uso de potestades disciplinarias".
Pero, principalmente, el secretario general de AUME destacó el hecho de que el expediente se base en una acusación "absolutamente falsa", como es la de que Bravo acudió a la manifestación de enero en calidad de Brigada del Ejército de Tierra, cuando de hecho acudió como presidente de la Asociación.
INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO
Del mismo modo, Casado aprovechó para recriminar al Gobierno "su incumplimiento notorio del compromiso electoral que tuvo con los militares españoles" en 2004. Según explicó, en las pasadas elecciones generales el PSOE adquirió con los militares el compromiso de regular sus derechos y libertades "para convertirlos en auténticos ciudadanos de primera" y, sin embargo, a pocos meses de unos nuevos comicios "ese compromiso está absolutamente incumplido", aseveró.
"Eso no se hace, pero lo que si se hace es cercenar los derechos del presidente del movimiento asociativo militar e intentar privarle de libertad", afirmó Casado, a lo que añadió que "podría decirse que es una maniobra gubernamental para acabar con nuestra asociación". "Hay gente en las Fuerzas Armadas que desea que el asociacionismo militar en España nunca llegue a tener cimientos fuertes", sentenció.
