VALENCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Francisco Pons, aseguró hoy no entender "por qué ciertos trasvases son políticamente viables, como los del Ebro a Cantabria o Barcelona, y otros no, como en el caso del Ebro a la Comunidad" y subrayó que "si hay agua para Cataluña también debe haber para la Comunidad Valenciana".
Pons, que presentó el estudio 'El Agua: Una Cuestión de Estado. Perspectiva desde la Comunidad Valenciana', argumentó que con la decisión de trasvasar agua del Ebro a Barcelona "ha quedado demostrado que cuando existe voluntad política, las infraestructuras pueden llevarse a cabo".
En este sentido abogó hoy por la necesidad de alcanzar un "pacto de Estado" en materia hídrica en el que "los principales partidos políticos y las comunidades autónomas implicadas alcancen un acuerdo a largo plazo que permita desarrollar políticas adecuadas, decididas con criterios científicos y técnicos". Sostuvo que los partidos políticos "tienen la obligación de sentarse a hablar y de no trasladar la crispación a la sociedad" y defendió la necesidad de fomentar un clima de "sosiego".
SIN PRIVILEGIOS.
Asimismo, recalcó que el tema del agua "debe ser abordado como una cuestión nacional, sin que unos territorios tengan privilegios sobre otros y evitando la confrontación, que sólo crea confusión y retrasa una solución que no puede posponerse".
Pons, que insistió en no entender "por qué ciertos trasvases son políticamente viables y que "si hay agua para Cataluña también debe haber para la Comunidad Valenciana", señaló que "cuando los problemas se abordan desde la razón y el interés general, son posibles acuerdos que aporten soluciones".
Por todo ello, apostó por afrontar el "reto" que plantea la escasez hídrica "desde la eficiencia, la equidad, la sostenibilidad y la satisfacción de las necesidades básicas" con el fin de "asegurar un adecuado suministro en calidad y cantidad", y consideró necesario que esta política vaya acompañada de "una seria y constructiva campaña de comunicación y sensibilización" que fomente la "participación activa y responsable de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos".
El presidente de AVE sostuvo además, por su complejidad, los problemas del agua deben abordarse "siguiendo criterios técnicos y científicos" con "un conjunto integrado de actuaciones a corto, medio y largo plazo" que consideren las distintas opciones técnicas "más como soluciones complementarias que como alternativas excluyentes".
"NO HAY SOLUCIONES MÁGICAS".
En la misma línea, uno de los responsables del estudio, Francisco Cabezas, director de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, señaló que en materia hídrica, "no hay soluciones mágicas exclusivas" ni "recetas universales", sino que "hay que posicionarse en el relativismo y no se debe descartar nada" porque cualquier opción "puede jugar un papel y contribuir a solucionar el problema". "Hay que ver cómo se ensamblan unas soluciones con otras", resumió.
Respecto a la situación hídrica de la provincia de Alicante, tanto el presidente de AVE como Francisco Cabezas coincidieron en que posee "un claro déficit hídrico" que requiere, según el estudio, "recursos procedentes del Ebro que lleguen, al menos, hasta el Júcar", así como el uso de la desalación de agua "para paliar deficiencias de abastecimientos urbanos, turísticos e industriales" aunque precisa que "presenta problemas de sostenibilidad que la desaconsejan en general".
Preguntado por la similitud entre la situación de Alicante y la de Barcelona, Cabezas indicó que tienen en común el déficit hídrico y los consiguientes problemas para el suministro de agua, aunque puntualizó que mientras la ciudad condal presenta "un problema sustancial de desabastecimiento a corto plazo", el "problema" de Alicante es "más sutil" pero "más de fondo" y que podrá verse "con mayor gravedad", dado que su situación hídrica "no se recuperará aunque llueva", lamentó.
Así, explicó que los recursos hídricos de la provincia de Alicante están viviendo "un proceso silencioso de muerte gradual" con la continua disminución de los niveles de sus pozos, algo que, a su juicio, "requiere una solución drástica" y "a largo plazo", a diferencia de la "medida temporal" adoptada para superar la "crisis" de Barcelona.
Por otro lado, aseguró que la capital catalana realiza "un uso muy eficiente del agua" y consume "un 30 por ciento menos que Valencia" y señaló que el problema que sufre en la actualidad "era previsible", mientras que Cabrera apuntó que obedece al hecho de que los partidos políticos se preocupan "del día a día" y "no realizan apuestas a largo plazo por la sostenibilidad".
CONCLUSIONES ESTUDIO.
El estudio fue realizado por Cabezas en colaboración con el catedrático de Mecánica de Fluidos del Instituto Tecnológico del Agua de la UPV, Enrique Cabrera, y el catedrático de Hidrogeología del Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas de la UJI, Ignacio Morell, y concluye que deben adoptarse "acuerdos" a nivel nacional por tratarse el agua de "una cuestión de Estado", además de señalar la necesidad de "una definición estratégica explícita" y "aproximaciones integradas" entre las distintas soluciones posibles.
Incide en la conveniencia de que se produzca una "mejora de la información" y del "conocimiento" sobre cuestiones como los recursos disponibles, la cuantificación de los volúmenes y los efectos de los distintos procesos, así como en la conveniencia de "recuperar el buen estado de las aguas", consolidar las transferencias existentes, mejorar la "eficiencia y gestión de la demanda hídrica" y desarrollar "mecanismos económicos que propicien el buen uso del agua".
Además, considera "imprescindible" adoptar "medidas de medición, control y gestión del gasto del agua" y que se desarrollen instrumentos jurídicos de "reordenación de derechos" que garanticen la eficacia de esas medidas, así como que se contemplen otras posibilidades de importación de recursos, el posible efecto del cambio climático en la cuestión, la importancia de la información y participación pública y la necesidad de "potenciar los mecanismos existentes para la coordinación y cooperación de las instituciones competentes en materia de aguas".