Publicado 11/08/2020 16:59:47 +02:00CET

Una asociación de víctimas y Vox piden un nuevo juicio contra Otegi tras anularse su condena

El diputado de Vox Francisco José Alcaraz
El diputado de Vox Francisco José Alcaraz - Pool - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación de víctimas Voces contra el Terrorismo y Vox han presentado un escrito ante la Audiencia Nacional en el que solicitan que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sea juzgado de nuevo por posible pertenencia a organización terrorista después de que el Tribunal Supremo anulara su condena por el 'caso Bateragune'.

Según ha informado este martes el partido que lidera Santiago Abascal, la defensa de esta iniciativa será llevada a cabo por los servicios jurídicos de Vox "en su compromiso por la defensa de la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo".

"Perseguiremos a los asesinos y secuestradores hasta la más recóndita de sus madrigueras y hasta el último de sus escaños. Nunca descansarán en su impunidad temporal porque nunca descansaremos en nuestra exigencia de justicia", ha manifestado Abascal en su cuenta personal de Twitter.

Por su parte, la secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha explicado que este escrito presentado a la Audiencia Nacional pretende evitar que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha llevado a esta nulidad "dé lugar a una patente de impunidad para los condenados".

La Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo dio la razón a Otegi y otros condenados en el 'caso Bateragune' --de reconstrucción de la dirección de la ilegalizada Batasuna-- cuando anuló el pasado 31 de julio la sentencia de 2012 que les condenó a penas de entre seis años y seis años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista.

VULNERÓ EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Fue a raíz de un recurso presentado por los condenados después de que el TEDH determinara que la sentencia de la Audiencia Nacional vulneró el artículo 6.1 del Convenio Europeo, ya que entendía el "temor legítimo" de los acusados a una falta de imparcialidad del tribunal.

Estrasburgo no vio "ninguna evidencia" que llevara a pensar que en el tribunal había "animadversión personal" hacia los acusados, pero sí que las "dudas" de éstos estaban "justificadas". Así, rechazó "cualquier indemnización para los recurrentes en concepto de daño moral, considerando suficiente la constatación de la declaración de la vulneración del derecho solicitado".

El caso se remonta al juicio en la Audiencia Nacional, el cual, según Estrasburgo, no cumplió con todas las garantías al formar parte del tribunal la magistrada Ángela Murillo, quien anteriormente, en marzo de 2010, había sido apartada por supuesta falta de imparcialidad en otro juicio por enaltecimiento del terrorismo en el que estaba acusado también Arnaldo Otegi.

En aquella vista oral, Murillo preguntó a Otegi si condenaba a ETA y, ante la negativa de éste a ofrecer una respuesta, la juez le dijo que ya sabía que no le iba a contestar. El Supremo apartó a la magistrada del caso, que ejercía de presidenta del tribunal, al apreciar en ella "prejuicio". La vista oral fue repetida y el exportavoz de Batasuna resultó absuelto en ese procedimiento.

LA INHABILITACIÓN, SIN EFECTO

En el 'caso Bateragune', Otegi volvió a ser juzgado por un tribunal en el que estaba Ángela Murillo, de ahí que tanto él como los otros condenados recurriesen al TEDH, que les dio la razón. Esto ha llevado a la anulación de la condena por parte del Supremo, de modo que queda sin efecto la pena de inhabilitación que seguía pesando sobre Otegi y que finalizaba en febrero del año que viene.

A pesar de todo, la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha dicho este martes que el partido "va a agotar todos los resortes legales posibles para conseguir que Otegi y el resto de condenados sean juzgados de nuevo".

Por su parte, el presidente de Voces contra el Terrorismo y diputado de Vox por Jaén, Francisco José Alcaraz, ha agradecido que la formación haya decidido "blindar" a una asociación que "no contaba con recursos ni con subvenciones para seguir adelante con este proceso contra Otegi".