MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones de jueces, que hoy acudieron al Congreso de los Diputados a explicar sus reivindicaciones, se mostraron hoy partidarias de dar "un margen de confianza" al nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y retomar el diálogo para alcanzar un acuerdo, pero se mantuvieron "firmes" en sus peticiones, que, según explicaron, buscan la consecución de una Administración de Justicia "eficaz".
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, los representantes de las cuatro principales asociaciones -- Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)-- explicaron las causas que les llevaron a la firma del 'Documento reivindicativo Carrera Judicial' el pasado 12 de enero y se mostraron dispuestos a "negociar con quien corresponda" para poner fin al "desencuentro".
Así, el portavoz de la AJFV, Marcelino Sexmero aseguró que el Gobierno "siempre" encontrará a su asociación para dialogar, "sobre todo una vez originado el nombramiento del nuevo ministro de Justicia", a quien otorgarán "un margen de confianza necesario", porque "no anima al conflicto sino a la solución".
SE ABREN EXPECTATIVAS
Del mismo modo, el presidente de la APM, Jesús Chamorro, que fue el primer representante en comparecer, aseguró que la "responsabilidad" que ostentan les lleva a optar por el "camino del diálogo" y a "agotar todas las vías de la negociación" y el portavoz de JpD, Miguel Ángel Gimeno, sostuvo que el cambio de titular del Ministerio de Justicia "abre algunas expectativas" que no se deben "desaprovechar".
No obstante, las asociaciones se mantuvieron firmes en sus reivindicaciones, planteadas en el documento del pasado 12 de enero, que llevaron a la huelga, apoyada por el Foro Judicial Independiente y la asociación Francisco de Vitoria, del 18 de febrero. Además, advirtieron de que, si el proceso de negociación no acaba de manera satisfactoria, se mantendrá la huelga prevista por el documento conjunto de las cuatro asociaciones para el 26 de junio.
Así, Chamorro, que recalcó que la huelga "no es un fin en sí mismo", sino un instrumento, recalcó que la voluntad de diálogo no significa que vayan a abandonar la "firmeza" y la "intención de conseguir" que sus peticiones obtengan respuesta en "un lapso de tiempo razonable" y aseguró que continuarán "absolutamente comprometidos en la defensa de esta tabla de reivindicaciones". En palabras de Sexmero, "la reforma de la Administración de Justicia no se puede demorar más si no se quiere que los derechos fundamentales de los ciudadanos se vean afectados".
DERECHO DE HUELGA
Los representantes de las asociaciones defendieron el derecho a la huelga de los jueces, ya que ahora no hay "ninguna previsión específica que lo impida". Además, el portavoz de la Francisco de Vitoria subrayó que "de no haber ejercitado el derecho de huelga" este mes, ante una situación de un "sistema desbordado", quizás hoy no habría tenido lugar la comparecencia de los representantes de las asociaciones de jueces. "Hoy estamos aquí por eso", afirmó Sexmero, que subrayó que esa jornada fue "importante para que quizás a partir de ahora" las partes se pongan a "trabajar con el diálogo oportuno".
Del mismo modo, Conrado Gallardo, del Foro Judicial Independiente, aseguró que su asociación "no quiere la huelga", sino que quiere "negociar" y conseguir "resultados", pero subrayó que si se recurrió a ella el pasado 18 de febrero es porque no había "otro camino para llamar la atención". "Puede que nos hayamos equivocado, pero esa fue la intención con la que se hizo", agregó.
Los cuatro subrayaron en sus intervenciones la "urgencia" de acometer una reforma integral del sistema, que acabe con unos problemas que "amenazan con convertirse endémicos" y que se centran en las "excesivas cargas de trabajo", la descoordinación entre administraciones, la necesidad de establecer una adecuada planta judicial y la puesta en marcha efectiva de la nueva Oficina Judicial, que, según Chamorro, de momento es "sólo un papel".
Con todo, el portavoz del Foro Judicial Independiente subrayó que "el principal problema" es la "preocupante carencia de jueces" e hizo hincapié en que "mientras que este problema no se resuelva no se podrá poner fin al atasco judicial".
Por su parte, los portavoces de los diferentes grupos políticos expusieron su acuerdo con algunas de las reivindicaciones de los jueces, especialmente las relativas a la modernización del sistema, aunque manifestaron dudas respecto a otras, especialmente por la negativa de las asociaciones a cambiar el sistema de establecimiento de los señalamientos judiciales, que en la nueva Oficina Judicial pasarían a depender de los secretarios.
SISTEMA COMPARTIDO PARA SEÑALAR JUICIOS
No obstante, los portavoces parlamentarios se mostraron "abiertos al consenso" para llegar a un acuerdo en este asunto y, en concreto, el portavoz del Grupo Popular, Federico Trillo, propuso el establecimiento de un sistema "compartido" de modo que la agenda de señalamientos se elabore teniendo en cuenta las "prioridades" de los jueces, pero también la "disponibilidad" que establezcan los secretarios.
El portavoz del Grupo Socialista, Julio Villarubia, cuestionó que las movilizaciones de los jueces y magistrados se hayan producido con un Gobierno que es el que "mayor cuantía de recursos económicos" ha dedicado a la Administración de Justicia.
En cualquier caso, agradeció la "disposición al diálogo" de las asociaciones, aunque criticó que, hasta ahora, las reivindicaciones hayan introducido una "amenaza concreta" al Congreso, de manera que si la ley para el establecimiento de la Oficina Judicial no atiende a sus reivindicaciones convocarán una nueva huelga, que, en su opinión, no tiene "cobertura legal". Del mismo modo, el portavoz 'popular' subrayó que las asociaciones "tienen derecho a defender su interés", pero les advirtió de que no deben "caer en el sindicalismo".
Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV, Emilio Olabarria, aseguró compartir gran parte de las reivindicaciones de los jueces, aunque apuntó que el caso de Mariluz Cortés pudo tener "un efecto catalizador" de "un malestar larvado hace tiempo", ya que "la situación de la justicia es calamitosa".
De modo parecido se expresó el portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, para quien las movilizaciones de los jueces se intensificaron "por temor a que se reprodujera el caso" de la niña onubense y "ante la incertidumbre" por las reformas y puso el énfasis no en sí el derecho a la huelga les corresponde o no, sino en si esta medida es "conveniente" mientras se asiste al "mayor atasco judicial de la historia".
Jordi Jané, en representación de CiU, pidió a las asociaciones que pongan "el contador a cero" y se retomen las negociaciones, ya que "la situación no puede ir a más" y "requiere una intervención inmediata.
