MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
La instrucción de la causa contra el proceso independentista en Cataluña ha estado sembrada de todo tipo de cuestionamientos a la labor del Tribunal Supremo por el sector más radical del independentismo y ha tenido su versión más extrema en insultos y amenazas al juez encargado de la investigación, Pablo Llarena, y ataques a los juzgados de Cataluña con heces y pintadas, además de las famosas cruces amarillas que se vieron el pasado verano en playas y ciudades catalanas en solidaridad con los presos preventivos.
Llarena, magistrado que ejerció durante años en Cataluña y tiene varias viviendas en la comunidad autónoma, ha sido uno de los principales objetivos de colectivos independentistas como Arran, las juventudes de la CUP, y los Comités de Defensa de la República (CDR). Su foto, además, ha sido vista puesta del revés en manifestaciones y en las redes sociales se han leído amenazas y se han publicado las direcciones de sus casas para señalarle.
El juez salió del anonimato en marzo del año pasado, en plena instrucción, cuando aparecieron las primeras pintadas frente a su casa en Das, en el Pirineo catalán: "Feixista" y "Llarena, aquí no eres bienvenido", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en las calles del municipio. En julio tuvo que salir escoltado de un restaurante en el que estaba cenando con otras 20 personas en Palafrugell.
El pasado noviembre, ya finalizada la instrucción y enviada la causa a la Sala de lo Penal que enjuiciará el 'procés', dos encapuchados llenaron de pintura amarilla el portal de la vivienda del magistrado en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), un ataque reivindicado de nuevo por Arran.
DEMANDA DE PUIGDEMONT EN BÉLGICA
Pero no sólo ha sufrido Llarena insultos y amenazas, ya que la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont y de los exconsejeros huidos interpuso el pasado verano una denuncia en Bélgica por unas declaraciones que hizo el magistrado cuya traducción al francés fue presuntamente falseada. Una jueza belga admitió a trámite la denuncia, que está pendiente de valoración por un tribunal.
Tras Llarena, llegaron los ataques contra sedes judiciales en Cataluña. Se intensificaron en noviembre de 2018 después de un convulso mes de octubre en el que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, dirigió un mensaje a los CDR en el que les decía que hacían "bien" en "apretar", justo cuando ya habían empezado a cortar vías de tren, carreteras y arterias de las principales capitales.
Posteriormente, los ataques se focalizaron en las sedes de juzgados de instrucción de media docena de municipios catalanes, que amanecían manchadas de estiércol y pintura. Las acciones fueron reivindicadas en redes sociales por distintas agrupaciones de esos comités, que documentan las acciones y las publican en Twitter.
En diciembre, los ataques se ampliaron también a las dependencias de la Fiscalía en Cataluña, lo que motivó que el Consejo Fiscal, con María José Segarra al frente, emitiese un comunicado recordando que cualquier presión a la judicatura perjudica finalmente a la ciudadanía.
Pocas semanas después se sumó Arran, ocho de cuyos integrantes fueron detenidos a las puertas del Tribunal Supremo en Madrid, donde lanzaron un bote de humo y trataron de arrojar también la pintura que portaban consigo, aunque sin éxito.
Sin embargo, la situación se ha recrudecido en los últimos días. El pasado viernes, 1 de febrero, activistas de Arran y los CDR mancharon de pintura la puerta principal de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sede contra la que también lanzaron huevos, durante una concentración con vistas a un juicio que consideran "político".
FISCALÍA Y 24 JUZGADOS CATALANES
En la noche del 4 de febrero volvieron a los ataques coordinados. Según difundió la cuenta de Twitter de los CDR, los activistas cargaron contra 24 juzgados de primera instancia en distintos puntos de Cataluña y difundieron las fotos mostrando lo que habían dejado para quienes hicieran uso de estas instalaciones al día siguiente: pintura, pintadas, paladas de estiércol y bolsas de basura acumulada a las puertas.
Se trata, según la información que ellos mismos difundieron, de las sedes en la Ciudad de la Justicia en Barcelona y juzgados de Figueras, Olot, Vic, Vilafranca, Sant Feliu De Guíxols, Esplugues de Llobregat, Gavá, Martorell, Verga, Manresa, Solsona, Girona, Tortosa, Vinarós, Cerdanyola, Rubí, Santa Coloma De Farners, Granollers, Ripoll, Cervera, Mollet, Tarragona y Valls.
Esta situación ha motivado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya reclamado a los Mossos d'Esquadra la vigilancia de unas 50 sedes judiciales, si bien la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) valora solicitar un esfuerzo extra al Gobierno central, en caso de que la seguridad de la policía autonómica no resulte suficiente.
