BILBAO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
Manos Limpias, que ejerció la acusación popular en el denominado 'caso Atutxa', afirmó hoy que la sentencia condenatoria "debe ser ejecutada de inmediato" tras "las argucias" de la defensa de los condenados para "dilatar la ejecución".
En un comunicado, el colectivo de funcionarios públicos se congratuló de que el TSJPV rechazara, en un auto hecho público ayer, la pretensión de los abogados de los procesados de suspender la ejecución de la pena hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo que sus defendidos plantearon en relación a esta causa.
Además, el alto Tribunal vasco afirmó que ejecutará "sin dilaciones" la sentencia condenatoria impuesta por el Tribunal Supremo al ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y a los que fueran miembros de la Mesa durante la pasada legislatura Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB) por no disolver a Sozialista Abertzaleak, tal como el propio Supremo ordenó. Sin embargo, todavía cabe recurso de súplica contra el auto judicial.
Por su parte, Manos Limpias cree que "las argucias dilatorias" de los letrados de los encausados "han sido desmontadas" por la acusación popular y apunta que "el cumplimiento de la sentencia debe ser ejecutado de inmediato".
Además, criticó la postura de la Fiscalía vasca, que, en su informe, no se oponía a la petición formulada por la defensa de los procesados, "en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el particular tras los correspondientes trámites legales, especificando de dicho tribunal era el competente para acordar tal suspensión".
Para el sindicato de funcionarios, el ministerio público ha mantenido "un comportamiento indigno" y dijo que es "un instrumento al servicio de intereses políticos por encima de promover la acción de la Justicia, puesto que ha pretendido apoyar la suspensión de la sentencia, lo que le descalifica para ejercer el cargo de defensa de la legalidad vigente".
El pasado 8 de abril, el TS revocó la sentencia absolutoria del TSJPV y condenó a Atutxa a un año y medio de inhabilitación para ocupar cargo público y a una multa de 18.000 euros, mientras que a Knörr y Bilbao -esta última sigue siendo representante de EB en Mesa de la Cámara vasca- les impuso un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros, a cada uno.