La Audiencia estudia este viernes el caso de dos etarras con 'Parot'

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se reúne este viernes y discutirá dos recursos interpuestos por miembros de ETA contra la aplicación de la 'doctrina Parot', después de que el Tribunal de Estrasburgo anulase el pasado lunes esta jurisprudencia que alargaba el tiempo en prisión de los condenados.

Se trata de los recursos de Josefa Mercedes Enaga, miembro del "comando Barcelona" y condenada por el atentado al Hipercor de esta ciudad en junio de 1987; y Juan Manuel Piriz López, condenado al principio de los ochenta por, entre otros delitos, el asesinato de un exmilitante de la organización.

El presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, explicó el jueves que hoy se reúne la Sala, pero no para "resolver nada de momento", sino para "ver el trámite que se sigue" a partir de ahora. La sentencia de Estrasburgo, precisó, sólo se refiere a la etarra Inés del Río pero "se considera doctrina" y la Sala, así como el Tribunal Supremo, tienen que analizar qué hacer ahora.

La Audiencia Nacional tiene pendientes de resolución otra treintena de recursos de presos de la banda y de una integrante de una organización de narcotráfico que quedaron paralizados a la espera de la firmeza de la primera sentencia de Del Río, que data de julio de 2012.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que confirma la resolución que condenó España a indemnizarla con 30.000 euros por los cinco años de más que ha permanecido en prisión en aplicación de la "Parot", ya que su excarcelación inicial estaba prevista para 2008.

En principio, la sentencia hecha pública por la Gran Sala del TEDH afecta únicamente a la miembro de ETA Inés del Río, si bien la doctrina que se adopte tendrá consecuencias, si sus representaciones legales así lo solicitan, respecto del resto de integrantes de la banda en la misma situación y de otros presos a los que se les ha aplicado, que son violadores reincidentes, asesinos en serie o narcotraficantes.

Del Río acudió en amparo al Tribunal Constitucional contra la aplicación en su caso de estas doctrina, que supuso en la práctica una extensión de su condena hasta 2017 al obligar a que la reducción de penas por beneficios penitenciarios (trabajo, estudios...) se aplique respecto de cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión.