El fiscal solicitó una condena de 18 años de cárcel para el ex minero avilesino y de 18 años y 6 meses para su cuñado
GIJÓN, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, dará lectura mañana a la sentencia del caso 'Pípol', por el que fueron juzgados 20 personas relacionadas con el narcotráfico de drogas y tenencia y venta de explosivos, entre ellos dos de los imputados por el atentado del 11-M, José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro Castro. La vista pública se celebrará a las 10,30 horas, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Audiencia.
La sentencia del caso 'Pipol' se hará pública quince días antes de iniciarse el juicio por los atentados del 11-M que comenzará el 15 de febrero en la Audiencia Nacional. El fallo formará, además, parte de la instrucción de la causa de los atentados de Madrid. La decisión de celebrar una vista pública para dar a conocer esta resolución judicial se adoptó para evitar filtraciones ante la expectación mediática.
El juicio por este caso se prolongó durante un mes y medio, del 23 de octubre al 1 de diciembre de 2006. Todo el proceso estuvo controlado por unas fuertes medidas de seguridad, dentro y fuera de la sala. La expectación por los dos imputados acusados también de los atentados del 11-M hizo que el proceso fuera seguido día a día por un importante número de medios de comunicación. La sentencia
El fiscal especial Antidroga, José Perals, solicitó para Suárez Trashorras una condena de 18 años de prisión. En concreto, pidió 10 años de prisión y multa de 218.000 euros por el delito contra la salud pública y 8 años de cárcel por el delito de tenencia, depósito y tráfico de explosivos.
Similar condena solicitó para Toro Castro, acusado de los mismos delitos. El fiscal tan sólo eleva en este caso la pena a 10 años y 6 meses respecto al delito contra la salud pública. Por su parte, durante su testimonio Suárez Trashorras acusó a su mujer y a su cuñado de haberle engañado y negó que el hachís y la dinamita hallados en un garaje de Avilés fueran suyos.
Aseguró que era ayudante minero, por lo que no tenía acceso a los explosivos. Incluso, desmintió que la citada plaza de garaje fuera compartida a tercias entre él, José Ignacio Fernández Díaz "Nayo" -huido de la Justicia- y su cuñado, como este último mantuvo durante su testimonio.
También negó haber conocido antes de 2001 a uno de los testigos y también imputado por el 11-M, Rafa Zohuier, a quien vio en el locutorio de la prisión de Villabona por primera vez con posterioridad a los hechos juzgados en esta causa. Zohuier, confidente de la Guardia Civil que testificó en este juicio, denunció que Suárez Trashorras vendió los explosivos a la célula islamista que provocó los atentados de Madrid.
Suárez Trashorras negó además que hubiera intentado vender explosivos al portero del club Horóscopo de Gijón, Francisco Javier Lavandera Villazón 'Lavandero', otro de los testigos que declaró en este proceso.
La versión de Trashorras contradice el testimonio de su cuñado. Toro Castro, que reconoció que el hachís hallado en la plaza de garaje era suyo, negó tener conocimiento de la procedencia de la dinamita y los detonadores, además de afirmar que él no tenía las llaves de ese garaje.
Asimismo, durante el juicio, el magistrado Bernardo Donapetry se negó a admitir nuevas pruebas documentales, periciales y testificales presentadas por el fiscal, que relacionaban a Suárez Trashorras con el tráfico de explosivos. El fiscal argumentó que los documentos llegaron con posterioridad a su escrito de calificación.
Por su parte, el abogado de Suárez Trashorras, Gerardo Turiel, pidió también durante el proceso que se desvinculara el caso 'Pipol' del proceso del 11-M.
Además de las declaraciones de Lavandero y Zohuier, testificó también el guardia civil Jesús Campillo, a quien supuestamente el portero del club Horóscopo habría confesado que los dos acusados -Suárez Trashorras y Toro Castro- le intentaron vender dinamita, unos hechos que no fueron investigados.
La lectura tendrá lugar en la sala de vistas de la Audiencia, a la que los medios de comunicación podrán acceder sin falta de acreditarse.
