MÁLAGA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Málaga tiene previsto juzgar el próximo mes de diciembre a José Vela, uno de los acusados en el 'caso Intelhorce' para los que el Tribunal Supremo ordenó, en junio de 2004, la repetición del juicio sobre las presuntas irregularidades en la privatización y quiebra de la textil malagueña.
Así, la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha fijado para el día 10 de diciembre la celebración de esta vista oral, después de que tuviera que ser suspendida hoy por falta de citaciones, según informaron fuentes del caso. La Fiscalía pide para el acusado la pena de cuatro años por un delito contra la hacienda por una operación de traspaso de un establecimiento.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo anuló en su sentencia de 2004 los pronunciamientos de la Audiencia de Málaga que determinaron el sobreseimiento respecto de los acusados Cristóbal Peñarroya Sánchez, Wilfredo Charles Pérez, José López García y José Vela Martín, al considerar que el plazo de prescripción del delito fiscal era de cinco años, independientemente del de la deuda tributaria de cuatro años; ordenando que se celebrara el correspondiente juicio.
Según indicaron las fuentes, José López ha fallecido. En los casos de Wilfredo Charles P. y Cristóbal Peñarroya, ambos llegaron a una conformidad y se les condenó por la misma Sección Tercera de la Audiencia de Málaga a seis meses y un día de prisión menor y a la multa de 170.393 euros, mientras que, además, el último debía indemnizar al Estado en 201.728 euros, que se corresponde con la deuda tributaria correspondiente al Impuesto de Sociedades de 1990.
En la sentencia de la Sala malagueña sobre Peñarroya, procesado en el caso 'Malaya', y el otro acusado, dictada en marzo de 2006, se indicaba que las acusaciones habían modificado sus conclusiones, calificando los hechos de delito contra la Hacienda Pública y solicitando las penas finalmente impuestas y aceptadas por los procesados.
Se consideraba probado, según esa resolución a la que tuvo acceso Europa Press, que Cristóbal Peñarroya, consejero delegado de dos sociedades relacionadas con la sector inmobiliario, "decidió en el año 1990 eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública" correspondiente a los ingresos que obtenían ambas empresas como consecuencia de su actividad.
De esta forma, "se puso de acuerdo con el otro acusado", apoderado de una entidad bancaria en Gibraltar y con autorización para disponer y gestionar las cuentas de ese banco en Marbella (Málaga), quien "autorizó" al anterior a utilizar una cuenta, designada con un nombre ficticio, "para que recibiera en la misma transferencias de dinero procedente de Gibraltar", emitiendo cheques al portador que el otro cobraba en otro banco.
SUPREMO
Además de ordenar la repetición del juicio contra estas cuatro personas, el Tribunal Supremo aumentó en su sentencia de 348 folios con la que se resolvieron los recursos de casación presentados, las penas impuestas a tres de los acusados que fueron condenados por la Audiencia Provincial y condenó al que fuera presidente de Improasa --mediador en el proceso de privatización--, José Miguel Moreno.
Así, el Supremo condenaba al entonces presidente de la sociedad estatal Improasa, José Miguel Moreno García, a cuatro años y dos meses de cárcel como autor de un delito de cohecho, y a cinco años de prisión menor, por el delito continuado de fraude, a pesar de que la Audiencia de Málaga lo absolvió de todas las acusaciones.
Por otro lado, el Alto Tribunal también condenó a Giovanni Orefici por un delito de cohecho, al haber realizado la oferta de soborno a Moreno García, a dos años de prisión menor y a una multa de 360.000 euros; aunque el italiano, condenado ya a 17 años de prisión por estafa, falsedad y delito contra la Hacienda Pública en primera instancia, falleció meses antes en Kenia, tras huir de la justicia española a dicho país.
