MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha acordado mantener en libertad al ex secretario general del sindicato LAB Rafa Díez Usabiaga, que se enfrenta a diez años de cárcel por intentar reconstruir Batasuna a través de Bateragune, al entender que no está "plenamente constatado" que haya incumplido la prohibición de participar en actividades políticas relacionadas con "el complejo terrorista liderado por ETA" que le impuso en abril de 2010 el juez Baltasar Garzón cuando acordó su excarcelación para que cuidara a su madre.
Así consta en un auto notificado este martes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechaza el recurso de apelación presentado por la asociación Voces contra el Terrorismo-Verde Esperanza, que ejerce la acusación popular en la causa, a partir de tres informes policiales que aseguran que el procesado no ha participado en actos políticos ni de "enaltecimiento de dicha organización terrorista y su entorno".
Sin embargo, el tribunal admite que, según los citados informes, Díez Usabiaga acudió el 7 de febrero pasado, junto a su abogado, Íñigo Iruin, a la presentación de Sortu en el Palacio Euskalduna de Bilbao y que el 25 de ese mismo mes repitió en el acto de presentación de los estatutos de la nueva formación, al tiempo que mantenía "contactos con otra persona implicada en otro procedimiento judicial no acabado".
Además, la Policía ha podido constatar que el ex líder de LAB mantuvo tres reuniones en un asador de San Sebastián con "personas ya juzgadas o pendientes de ser juzgadas por su relación con ETA" y que también se reunió con un periodista en una cafetería de la misma ciudad.
CUMPLE LAS MEDIDAS CAUTELARES
Los magistrados Angela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel (ponente) justifican su decisión asegurando que la situación de Díez Usabiaga "no ha experimentado una variación sustancial" desde que se produjo su salida de la cárcel y que éste viene "cumplimentando las obligaciones complementarias que le impuso la resolución que acordó su puesta en libertad".
Garzón dejó a Díez Usabiaga en libertad bajo fianza de 30.000 euros para que pudiera asistir a su madre, que le reclamó como "cuidador" acogiéndose a la Ley sobre la Dependencia. En todo caso, le impuso la obligación de enviar cada 15 días "información sobre el desarrollo del cuidado dispensado a su madre, de él dependiente", le prohibió salir del territorio nacional y le impuso dos comparecencias judiciales por semana en el juzgado más próximo a su domicilio, así como la retirada del pasaporte.
En relación con la atención a su madre, que no estaba llevando a cabo en la práctica, según Voces contra el Terrorismo, el tribunal señala que Garzón "no fijó un específico y detallado sistema de visitas, permanencias y estancias", sino que se limitó a pedirle que le remitiera "un informe cada 15 días", como ha venido haciendo.
La resolución judicial, que concluye que no existe "justificación alguna para dar cauce a las pretensiones formuladas por la acusación popular", también señala que la situación de Díez Usabiaga es distinta a la de los otros procesados en esta causa que permanecen en la cárcel -Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez y Miren Zabaleta_ porque fue puesto en libertad por el juez instructor y al tribunal sólo corresponde revisar si la situación ha modificado para volver a ordenar su ingreso en prisión.
Con esta resolución, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal sigue el criterio del fiscal Vicente González Mota, quien defendió en una vista celebrada el pasado 5 de mayo que los informes policiales que se han solicitado en el procedimiento revelan que no se ha producido "ninguna modificación" en relación con las circunstancias que motivaron la excarcelación, ya que ha enviado al tribunal los documentos en los que acredita que está atendiendo a su madre según lo dispuesto en la Ley de Dependencia.
HASTA 14 AÑOS DE PRISIÓN
Díez Usabiaga salió el 26 de abril de 2010 de la cárcel madrileña de Estremera, donde permanecía encarcelado desde el 16 de octubre de 2009 al intentar reconstituir la ilegalizada Batasuna a través del proyecto 'Bateragune' (Todos Juntos), con la intención de que la izquierda abertzale estuviera presente en las elecciones municipales de 2011.
Se enfrenta a una petición de la Fiscalía de diez años de cárcel y a otra de 14 por parte de la asociación Voces contra el Terrorismo-Verde Esperanza por un delito de integración en organización terrorista.
El juez, que adoptó esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, explicaba en un auto que la situación de prisión del ex dirigente de LAB debía "suavizarse" por la "circunstancia humanitaria" de "índole personal-familiar" que concurría en su caso, en referencia a "la relación de dependencia que su madre tiene respecto del mismo".