MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia aceptó hoy la extradición a Estados Unidos del ciudadano sirio Mozer Al Kassar, con el voto particular en contra de la jueza Teresa Palacios, una de los tres magistrados que componían el tribunal que examinó el pasado día 4 la solicitud de las autoridades norteamericanas, que le consideran culpable de un delito de tráfico ilegal de armas.
La defensa del sirio tiene la posibilidad de recurrir el auto del tribunal, hecho público hoy, ante el pleno de la Sala de lo Penal, que revisaría entonces la decisión tomada por la Sección Cuarta. En todo caso será el Consejo de Ministros el que decida en última instancia la entrega de Al Kassar a Estados Unidos, informaron fuentes jurídicas.
Al Kassar, que se negó a ser extraditado, fue arrestado el 8 de junio en el aeropuerto de Barajas y está reclamado por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York por múltiples cargos: conspiración para proporcionar ayuda y medios materiales a una organización terrorista, conspiración para matar a ciudadanos americanos, conspiración para matar a agentes y funcionarios norteamericanos, conspiración para obtener y usar misiles antiaereos, conspiración para suministrar apoyo material y recursos a una organización terrorista internacional y blanqueo de capitales.
La Agencia Antidroga norteamericana DEA considera que la intención del sirio era vender armamento a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con intención de atentar contra intereses de EE.UU en ese país.
OPERACIÓN IDEADA PARA ACUSARLE
El abogado defensor de Al Kassar indicó, no obstante durante la vista de extradición, celebrada el pasado 4 de octubre, que su cliente fue objeto de una operación policial ideada para acusarle y destacó que los agentes de la agencia norteamericana se hicieron pasar por funcionarios de Nicaragua e indujeron a su defendido a la comisión de un delito.
Por su parte, el acusado se declaró inocente ante la sala y destacó que nunca ha traficado con armas. Según defendió, ha desarrollado esta actividad de forma legal como comerciante. Agregó que la solicitud de detención en su contra constituye una venganza del presidente norteamericano George Bush, al que ha criticado en varias ocasiones. "En EE.UU no existen garantías de que se celebre un juicio justo", dijo.
El fiscal Enrique Molina defendió ante el tribunal la extradición del acusado y puso de manifiesto que el delito del que se le acusa es de caracter transnacional, por lo que no podría ser juzgado en España como desea Al Kassar. En cuanto a la posibilidad de que la operación que desencadenó su detención fuera un montaje planeado por la DEA, Molina señaló que a efectos legales resulta indiferente si fueron infiltrados o delatores los que detectaron la comisión del delito y agregó que debería ser también un tribunal de EE.UU el que aclarara este punto.
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