El hermano y el sobrino del ex alto cargo de CiU y otros empresarios inflaron el precio de maquinaria para obtener más dinero de la UE
MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional juzgará, desde el martes el jueves, al hermano y al sobrino del ex alto cargo de CiU Lluís Prenafeta por un fraude de subvenciones de la Unión Europea. Los acusados participaron en una trama que inflaba precios de maquinaria agrícola para obtener indebidamente más ayudas comunitarias.
El hermano de Lluís, Francesc Prenafeta Garrusta y su sobrino Pau Prenafeta Esteve, junto con varios empresarios y trabajadores de las sociedades de la trama Montserrat Torra, Joaquin Sastre, Fernando Rabell y Jaime Rabell se sentarán en el banquillo de los acusados por delitos continuados de obtención indebida de los fondos de los presupuestos generales de la Unión Europea.
La Fiscalía solicita para cada uno de ellos tres años de cárcel junto al pago de multas y la obligación de restituir a las arcas comunitarias. En concreto, solicita que Francesc y Pau Prenafeta afronten multas de 300.000 euros y restituyan a los Veintiocho con 141.270 euros.
Montserrat Torra se enfrenta al pago de una multa de 450.000 euros y a rescarcir a la Unión Europea con 202.764 euros; Joaquin Sastre a una multa de 900.000 euros y a una indemnización de 436.795 euros; y Fernando Rabell y Jaime Rabell Casanovas a una multa de 350.000 euros y a restituir con 166.519 euros a la UE.
AYUDAS POR LA ADHESIÓN DE BULGARIA
En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público sostiene que el fraude se cometió con motivo de las ayudas que la Comunidad Europea decidió entregar a finales de los años noventa a varios países candidatos a la adhesión para que pudieran llevar a cabo medidas sociales y económicas y facilitar así la integración de sus economías a las del marco comunitario.
En el marco del Programa especial de adhesión para la agricultura y el desarrollo rural de la República de Bulgaria --llamado programa Sapard-- diversas empresas búlgaras solicitaron subvenciones para adquirir maquinaria relacionada con la industria cárnica y de alimentación, que serían sufragadas en un 75% por la Unión Europea y en un 25% por Bulgaria.
Los acusados, actuando en representación de compañías españolas suministradoras de dicha maquinaria, se concertaron con otras empresas búlgaras para falsear los precios que presentaron en proyectos por encima de su precio de mercado, logrando así que la UE librara fondos en una cuantía "muy superior" al valor de las máquinas.
Como ejemplo, Serveis Industrials Automatizats, gestionada por Pau y Francesc Prenafeta, firmaron varios contratos para la venta de maquinaria en los que elevaron los precios en miles de euros y justificaron el sobreprecio con facturas falsas en las que hacían constar servicios ficticios.
Las empresas búlgaras implicadas en el fraude fueron AVA, PRIM y ET Milena Boris Kikiov, cuya interlocución con las empresas españolas fue llevada a cabo por el ciudadano búlgaro, Petko Michev. En Bulgaria ya se siguió el procedimiento oportuno contra sus nacionales implicados en la trama.
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