MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó hoy la admisión a trámite de la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia contra el Ayuntamiento de la localidad vizcaína de Arrigorriaga por mantener el nombre del histórico miembro de la banda terrorista ETA José Miguel Beñaran, alias 'Argala', a una plaza del municipio.
Así, los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y María de los Angeles Barreiro obligan al juez Santiago Pedraz, en cuyo Juzgado recayó la querella, a investigar la posible comisión por parte del alcalde del municipio, el peneuvista Alberto Ruiz de Azúa, de un delito de enaltecimiento, justificación del terrorismo y humillación a las víctimas.
Según el auto de la Sección, hecho público hoy, "el término enaltecer no es otra cosa que engrandecer o exaltar, en su primera acepción, y alabar o elogiar en la segunda" y ese es precisamente el fin que se persigue al otorgar el nombre de una persona a un emplazamiento de una localidad.
"El ordinario entendimiento de la colocación en un lugar público de una placa destinada a persona determinada es el de la finalidad de enaltecer, ensalzar u homenajear a aquella, no la de menospreciarla", dice el escrito. Los jueces destacan, además, "la probada calidad pública de terrorista, como miembro y dirigente de ETA, de José Miguel Beñaran, alias Argala".
'Argala', vecino de Arrigorriaga, murió el 21 de diciembre de 1978 tras la explosión de una bomba-lapa colocada bajo su coche en la localidad de Anglet por el Batallón Vasco Español.
El juez Pedraz explicó su decisión de rechazar la admisión a trámite de la querella asegurando que poner nombre a una avenida, calle, plaza etc "es una decisión puramente administrativa que compete al Ayuntamiento respectivo". "Pues bien, si un ciudadano no está de acuerdo con tal decisión lo que debe hacer es dirigirse al mismo a tal efecto solicitando lo que estime oportuno", añade el juez.
No obstante los magistrados de la Sección Tercera le recuerda un auto anterior de la Sala por el que se ordenó la admisión a trámite de una querella similar interpuesta por la familia del empresario José María Bultó contra el Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló que había bautizado una calle con el nombre del independentista catalán Jaume Martínez Vendrell, que había participado en el asesinato del industrial.
En aquel caso la Sección Segunda estimó que el ensalzamiento se mostraba "de forma patente y pública", asignando el nombre de una vía pública a esa persona. Ahora los jueces de la Sala de lo Penal recuerdan a tenor de esta decisión --análoga a la de Arrigorriaga.-- que en este caso "no es la mera competencia, administrativa o jurisdiccional penal, para ordenar la eliminación de la placa de referencia la cuestión que aquí deba plantearse".
Dignidad y Justicia acusó al alcalde de este consistorio --el peneuvista Alberto Ruiz de Azúa-- y a otros ediles de distintos ayuntamientos del País Vasco de cometer un delito de enaltecimiento y justificación del terrorismo y humillación a las víctimas al mantener el nombre de etarras para designar algunas de las calles y plazas de sus pueblos.
'OPROBIO Y HUMILLACIÓN
Según explicaba la querella interpuesta por Dignidad y Justicia, a la que ha tenido acceso Europa Press, las víctimas del terrorismo de ETA "además de asumir el asesinato de sus familiares y de asumir el desamparo al que la sociedad las sometió durante años, tienen que soportar el oprobio y la humillación de que numerosas calles, plazas y parques en el País Vasco y Navarra lleven el nombre de los verdugos etarras".
Añadía que "además de tener que lamentar e intentar convivir con la pérdida de un familiar", tienen que soportar cómo "a sus verdugos se les premia con lugares, como calles, parques o plazas públicas, que homenajean sus actos delictivos como héroes".
La agrupación de víctimas remitió antes de presentar la querella en la Audiencia Nacional una carta al alcalde de la localidad en la que se le solicitaba que, como primer edil y máximo responsable del municipio procediera a ordenar la inmediata retirada de todos los símbolos y referencias públicas que existieran en su municipio 'Argala', así como a otros integrantes de la organización terrorista ETA.
En opinión de Dignidad y Justicia dar el nombre de este etarra "a la plaza más importante del municipio" --puesto que en ella se ubica el Ayuntamiento de Arrigorriaga-- se produce "una situación de humillación, menosprecio y falta de respeto a las víctimas que daña gravemente su sensibilidad además de provocar un daño moral y psicológico difícil de reparar".
Esta asociación presentó el pasado mes de enero un total de 9 querellas en la Audiencia Nacional. La Sala tiene pendiente aún decidir sobre otro recurso presentado contra la inadmisión en este caso de una querella relativa al Ayuntamiento de Amorebieta por parte del juez Ismael Moreno
Por su parte el juez Fernando Grande-Marlaska se declaró competente el pasado mes de abril para investigar la querella que esta asociación presentó contra la alcaldesa de Zizurkil (Guipúzcoa), María Ángeles Lazcano (PNV), por la existencia de dos plazas dedicadas a los etarras José Luis Geresta Mújika, 'Totto', y Joseba Arregui. En todo caso, el Pleno de este Ayuntamiento acordó el pasado 14 de abril la retirada de las dos placas y de un monolito que honraba la memoria del primero.
Además de estas tres querellas, DyJ presentó querellas similares en los municipios de Durango, Lejona y Etxebarri (Vizcaya), Tolosa y Hernani (Guipúzcoa) y Etxarri-Aranaz (Navarra).
