La Audiencia Nacional obliga a Rufino Etxeberria a comparecer todas las semanas para evitar su huida

Actualizado: martes, 8 septiembre 2009 15:33

La Sección Segunda prorroga dos años el encarcelamiento de Permach, Álvarez y Aldasoro

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha impuesto al histórico miembro de Batasuna, Rufino Etxeberria una serie de medidas cautelares destinadas a evitar que abandone el territorio español antes de la celebración del juicio contra la formación ilegalizada. Entre ellas le impone la obligación de comparecer semanalmente en los Juzgados más cercanos a su domicilio, ordena la retirada de su pasaporte y establece la prohibición de viajar al extranjero, según explica el auto, hecho público hoy.

Etxeberria abandonó ayer a las 19:00 la prisión de Aranjuez debido a que están a punto de cumplir cuatro años de prisión preventiva, el máximo legal establecido, sin que aún se haya establecido una fecha para la celebración de la vista oral.

Estuvo preso por integración en organización terrorista entre mayo de 2002 y abril de 2004, momento en que abandonó la cárcel para disfrutar de una libertad bajo fianza de 30.000 euros. No obstante, Garzón volvió a enviarle a prisión en 2007, al considerar que había recaído en una retiración delictiva.

Además, la Sección prorrogó hoy durante dos años la estancia en prisión de los históricos miembros de Batasuna Joseba Permach, Joseba Álvarez y Juan Cruz Aldasoro, acusados de integración en organización terrorista.

Todos ellos fueron enviados a la cárcel por orden del juez Baltasar Garzón junto a otra decena de personas en octubre de 2007 después de la operación contra la cúpula de la formación ilegalizada desarrollada en la población guipuzcoana de Segura.

La Sección celebró el pasado jueves una vista a puerta cerrada que contó con la presencia de las partes. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó durante la sesión a los magistrados la prolongación del encarcelamiento de los cuatro históricos miembros de la formación abertzale ilegalizada durante dos años más.

Según explica en el auto hecho público hoy el ponente Enrique López, los magistrados han concluído que en los casos de Permach, Álvarez y Aldasoro, existe riesgo de reiteración delictiva dadas las actividades que han desplegado los presos desde el momento en que fueron procesados. Este riesgo desde "ser conjurado mediante el mantenimiento en prisión", dice el escrito.

López hace referencia también a la sumisión de Batasuna a la banda terrorista ETA y al "desdoblamiento de funciones y doble militancia" que protagonizan los miembros de la formación ilegalizada. Destaca, además, la existencia de riesgo de fuga. "La imbricación de ETA y sus organizaciones afines generan una suerte de convicción sobre la facilidad que tendrían para huir", destaca el auto.

Por último, pone de manifiesto la gravedad de la pena de la que les acusa, integración en organización terrorista, que lleva aparejada una pena de entre 10 y 14 años de prisión.

DETENCIONES EN SEGURA

Garzón ordenó la entrada en prisión de los cuatro días después de los arrestos, que tuvieron lugar el 4 de octubre de 2007, por la comisión de un delito de pertenencia a organización terrorista. Consideró entonces que los cuatro habían recaído en una reiteración delictiva ya que los dirigentes de la organización 'abertzale' se encontraban inmersos en otros procedimientos judiciales investigados en la Audiencia Nacional. Etxeberria ya había cumplido previamente otros dos años de cárcel, entre los años 2002 y 2004.

El titular del Juzgado Central número 5 explicó en el auto en el que dictaba las prisiones que a partir de junio de 2007, momento en que terminó la tregua decretada por ETA, quedó evidenciado que la voluntad del partido ilegalizado era colaborar "de forma renovada" a los fines de la organización terrorista "por medio del recurso a la violencia" escenificada a través de atentados, secuestros o extorsiones.

El juez recalcaba que Batasuna no tenía "la más mínima intención" de separarse de esa línea y por ello la valoración de su conducta "no puede ser favorable". Según defendía el magistrado, los miembros del partido ilegalizado planificaban en encuentros como el celebrado en Segura "la ejecución" de sus acciones de acuerdo con la estrategia de ETA.