ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Málaga ha archivado una denuncia presentada por la presidenta de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra (PDSS), Lina Arlandis, en la que acusaba al alcalde del municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el tratamiento dado por el Ayuntamiento a los expedientes sancionadores abiertos a las canteras clausuradas.
Asimismo, y según informaron en un comunicado desde el Consistorio de la localidad, la citada denuncia acusaba al primer regidor de prevaricación, ya que a juicio de la PDSS "el alcalde no incoa expediente sancionador y sí diligencias informativas siguiendo la estrategia de hacer pasar el tiempo para conseguir que prescriba la infracción y perdone la cuantía de la multa".
Por el contrario, la Audiencia Provincial certificó, en este sentido, que el procedimiento seguido "ha sido el correcto", ya que en su sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) mantenía la posibilidad de que las empresas solicitaran el correspondiente permiso de apertura.
Una vez cumplido este requisito, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre "estaba obligado" a abrir el preceptivo expediente informativo previo al expediente sancionador.
Además, la Audiencia Provincial argumentó que en base a la jurisprudencia presentada por la PDSS, "precisamente ésta, no justifica la actuación del demandante, sino al contrario, ya que las consideraciones expuestas no son sino cita textual de las sentencias citadas en el escrito de denuncia y en base a las mismas, no existen indicios de que la actuación del alcalde sea prevaricadora".
Con respecto a la acusación al alcalde por tráfico de influencias de la PDSS, la Audiencia Provincial expuso que "solo cabe decir que no se ofrece ni expone por el denunciante el más mínimo indicio de su comisión". Según explicaron, para este supuesto tendría que existir una relación de los interesados con Villanova u otro funcionario o autoridad "que ni siquiera se menciona".
De esta manera, la Audiencia Provincial archivó la denuncia por entender que el abogado de la PDSS "ofreció un razonamiento equivocado" de un presunto delito de tráfico de influencias en base al artículo 428 del Código Penal, "una defensa incorrecta que debe referirse a un error del letrado", ya que el apropiado sería el artículo 429.
