El auditor de Caja Alcoy (Alicante) declara que no detectó "nada significativo que afectara a la buena marcha"

ALICANTE, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El perito que elaboró las auditorías practicadas entre 1991 y 1993 a Caja de Crédito de Alcoy (Alicante) declaró hoy que no detectó "nada significativo que pudiera afectar a la buena marcha de la entidad", aunque reconoció que recibió una amonestación del Instituto de Contabilidad y de Auditorías dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda por su labor en la auditoría a la Caja Alcoy.

Durante la séptima sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Alicante por la presunta quiebra fraudulenta de la entidad, Manuel C.V. declaró en calidad de testigo y de perito por su labor de auditor de la caja.

A preguntas de la acusación, aseguró que realizó un "estudio exhaustivo" de la situación de la entidad en los años 1990, 1991 y 1992, y no detectó "ningún problema en la contabilidad". Así, señaló que la citada Caja tenía "la solvencia adecuada" y los préstamos se autorizaban "con las pólizas y garantías", con la aprobación del corredor de comercio.

En este sentido, detalló que su trabajo consistió en la selección de una muestra del 60 por ciento de la actividad de la Caja, tanto en materia de créditos, como pólizas y balance, que "se renovaban sólo si se habían pagado los anteriores". Del análisis de esta muestra, insistió, se desprendió una "auditoría blanca", en la que "todo estaba correcto" y "sin salvedades".

No obstante, reconoció a preguntas del abogado de la acusación particular, Luis Ferrer, reconoció que en sus informes había "una contradicción" en las cifras sobre el fondo de insolvencia, con cifras que iban desde los 21.600.000 pesetas en 1991 a los 6.300.000 pesetas al año siguiente en este concepto.

Además, el responsable de las auditorías a Caja Alcoy explicó que representantes del Banco de España se reunieron con él tras conocer su labor, y pretendieron "influir" sobre él al darle "unas directrices, según sus propios criterios", con los que Manuel C.V. aseguró no estar de acuerdo.

Al respecto, concretó que el Banco de España consideraba necesario unas provisiones complementarias en Caja Alcoy que, en su opinión, "de aplicarlas habrían privado a la caja de solvencia".

De igual modo, explicó que en sus informes tampoco hizo constar "como salvedad" el expediente que derivó en una inspección del Banco de España en 1990, porque, según dijo, "no era significativo y no afectaba al estado de las cuentas".

En este sentido, a preguntas del abogado de la acusación particular Luis Ferrer, el auditor reconoció que su labor de auditoría a Caja Alcoy le valió una amonestación del Instituto de Contabilidad y de Auditoría de Cuentas, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.