AUME denuncia falta de apoyo institucional y de "sensibilidad" de los mandos hacia los militares destinados en Euskadi

BILBAO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) reprochó hoy a los mandos y a las administraciones públicas su "la falta absoluta de sensibilidad" hacia la situación de los profesionales destinados en Euskadi, por lo que consideró "imprescindible la regulación del derecho a la reunión y a la asociación profesional en la futura Ley de Derechos y Deberes de los Militares" que elabora el Gobierno.

En rueda de prensa en Bilbao, el presidente y secretario general de AUME, Jorge Bravo y Mariano Casado, respectivamente, presentaron en el País Vasco la Asociación Unificada de Militares Españoles, dieron a conocer la problemática de los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en Euskadi y sus familias destinados y denunciaron las "limitaciones de sus derechos y libertades".

Bravo explicó que AUME, constituida hace cinco años, cuenta con más de 4.000 militares en activo afiliados en toda España, unos 80 en Euskadi, y está integrada en la organización europea Euromil, que engloba a más de 40 asociaciones y sindicatos de más de 30 países.

Asimismo, denunció la negativa de los mandos de los tres acuartelamientos ubicados en Euskadi, donde hay destinados alrededor de 1.600 militares, a permitir que la asociación pueda reunirse con los profesionales, dentro de los cuarteles "para garantizar la seguridad", para darse a conocer y recoger su problemática, lo que sí han podido realizar en el resto de comunidades autónomas donde se han presentado.

Por ello, consideró "crucial" para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la elaboración de la nueva Ley de Derechos y Deberes de los militares, que "dará luz al ámbito del asociacionismo profesional dentro de las fuerzas armadas" y, en ese sentido, en nombre de AUME exigió que la citada ley garantice los derechos a la libertad, a la seguridad, de reunión y de asociación".

Bravo aseguró que en Euskadi existe "una carencia de derechos distinta a la que tienen militares destinados en otras comunidades autónomas, dado las singulares condiciones que hay respecto al terrorismo".

En ese sentido, Bravo aseguró que "el temor y la presión" por la actividad de ETA "en ningún momento se ha relajado" y añadió que, "al margen del espejismo que hace dos años pudo haber, ha ocurrido todo lo contrario, que ese temor se ha acrecentado".

SITUACION

En ese sentido, Casado detalló las principales cuestiones que afectan de "manera singular" al personal destinado en el País Vasco y a su familias, como son "el incremento del riesgo de sufrir un atentado terrorista, lo que conlleva un aumento de las medidas de autoprotección".

Además, destacó la "dificultad de socialización" de los militares, "que se traslada a las familias". En ese sentido, denunció la falta de apoyo institucional en el proceso de instalación en el nuevo destino a la hora de enfrentar cuestiones como la búsqueda de colegidos o alquiles de pisos.

También indicó que esta falta de apoyo institucional se da también a la hora de hacer seguimiento de las necesidades de las familias cuando se dan ausencias debido a misiones o maniobras militares. En ese sentido, demando un servicio de atención a las familias, "que es una vieja reivindicación de todos los militares españoles y un viejo compromiso incumplido por parte del Gobierno, que siempre anuncia que lo va a hacer pero nunca lo pone en marcha".

Asimismo, remarcó las dificultades de escolarización y aprendizaje por desconocimiento del euskera y exigió facilidades para "conocer mejor la lengua, que es imprescindible y muy necesario para una mejor socialización".

En el aspecto salarial, Casado denunció el "sometimiento de una parte muy importante" del Complemento de Dedicación Especial (CDE) que se estableció para retribuir "las especiales condiciones que supone estar en el País Vasco".

Según criticó, "lo que era una cosa ligada a la condición del destino que se cobraba en todo caso", tras una reforma, "en muchas ocasiones y por criterios muchas veces subjetivos, hay personal destinado en el País Vasco que está dejando de percibir ese complemento por ser sancionados disciplinariamente o por pedir conciliación de la vida laboral y social".

Además, censuró la "falta de reconocimiento institucional respecto a las singulares circunstancias de estar destinado en el País Vasco, que sí se contemplan en otros cuerpos de seguridad del Estado, donde el hecho de estar aquí destinados les facilita obtener destinos en otras zonas del territorio nacional". Tampoco hay, según dijo, "ninguna especial extensión de los periodos vacacionales o de permisos".

Casado responsabilizó de la situación tanto a los mandos militares, "que son muy poco sensibles a estas cuestiones y no están acostumbrados a tratar a los militares como ciudadanos, que lo son", como a la Administración que, "si estableciera directrices claras muchas de estas cuestiones se podrían resolver mejor".

PROPUESTAS

En su opinión, para mejorar esta situación y conseguir la máxima aproximación "a la plena ciudadanía de los militares" destinados en Euskadi, es necesario "asegurar la percepción del correspondiente CDE", la designación de órganos "concretos y accesibles" y la implementación de "protocolos adecuados para el seguimiento y apoyo eficaz de circunstancias especiales, como es la llegada al destino y las ausencias prolongadas motivadas por maniobras y misiones internacionales", así como asesoramiento y apoyo en medidas de autoprotección.

Además de reclamar la apertura de guarderías infantiles dentro de las bases y acuartelamientos, para lo que solicitó la colaboración de las distintas administraciones públicas, Casado demandó la articulación de acciones concretas de reconocimiento institucional "que distingan la permanencia en unidades del País Vasco" y el incremento de las vacaciones o días de asuntos propios.

Por otro lado, los responsables de AUME, que se reunirán esta tarde con el viceconsejero de Interior, Raúl Fernández de Arroyabe, destacaron la "receptividad" del Gobierno vasco hacia su situación y agradecieron el recuerdo que el lehendakari, Patxi López, tuvo para el último militar asesinado por ETA en Santoña en 2008, Luis Conde.