Prisión incondicional para Ignacio González y libertad bajo fianza de 100.000 euros para López Madrid

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) - El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado este viernes prisión incondicional para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y ha dejado en libertad sujeta al pago de una fianza de 100.000 euros antes del 28 de abril para el consejero de OHL Javier López Madrid en el marco de la operación Lezo que investiga presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II. El presunto cabecilla de la trama que investiga la Audiencia Nacional desde 2015 ha negado, durante cerca de tres horas de interrogatorio, todos los hechos que le imputan y ha afirmado que siempre ha actuado en el plano de la legalidad, según fuentes de la acusación. El exmandatario regional será trasladado a la cárcel de Soto del Real. Por su parte, López Madrid (condenado a medio año de cárcel por el caso de las tarjetas 'black') ha declarado "efusivamente" durante poco más de una hora. Anticorrupción solicitaba para el yerno de Juan Miguel Villar Mir cárcel eludible bajo fianza de un millón de euros por autorizar supuestamente el pago de una comisión por valor de 1,4 millones de euros al expresidente regional. El último en declarar ante el juez instructor de la operación ha sido el exconsejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, que también ha quedado en libertad, que se convertirá en prisión si no deposita 100.000 euros antes del 28 de abril. Velasco investiga, entre otras operaciones presuntamente fraudulentas, el desvío de fondos del Canal de Isabel II por importe de 23 millones de euros a través de sociedades y filiales en Latinoamérica. Imputa a los detenidos presuntos delitos de pertenencia en organización criminal --un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción--, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. En las últimas 48 horas el juez instructor ha tomado declaración a nueve detenidos en este operativo, de los cuáles seis ingresan en la madrileña prisión de Soto del Real y tres quedan en libertad con medidas cautelares. Además de Ignacio González, el juez ha impuesto prisión incondicional comunicada a Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, filial de la empresa madrileña de gestión de agua y hombre de confianza de González. Así ha quedado la situación de los detenidos: - Presidente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2012 Ignacio González: prisión incondicional comunicada. - Presidente de Inassa, filial del Canal en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino: prisión incondicional comunicada. - Pablo González, hermano de Ignacio González: prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros. - José Juan Caballero, cuñado de Ignacio González: prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros. - Exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond: prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros. - Exgerente del Canal de Isabel II Adrián Martín: prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros. - Consejero de OHL Javier López Madrid: libertad sujeta al pago de una fianza de 100.000 euros antes del 28 de abril. - Exconsejero delegado de ICM José Martínez Nicolás: libertad sujeta al pago de una fianza de 100.000 euros antes del 28 de abril. - Exsecretaria de Edmundo Rodríguez, Clarisa Guerra: libertad con comparecencias mensuales. Las pesquisas ordenadas por Velasco incluyen también una veintena de registros practicados desde el miércoles en las oficinas de las multinacionales OHL, Indra, Saerco y Licuas. En febrero de 2016, este magistrado ordenó registrar el despacho y domicilio particular de Beltrán Gutiérrez, el exgerente del PP de Madrid, por las sospechas de financiación irregular de la formación. La defensa de González ha sido ejercida hasta este viernes por el letrado Gonzalo Rodríguez Morurullo, que acompañó a su cliente durante los registros en su despacho y su domicilio. No obstante, en las últimas horas el exmandatario, que presidió el Canal de Isabel II entre 2003 y 2012, ha cambiado de abogado y en su declaración ha sido asistido por Esteban Mestre.

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El exmandatario regional niega los hechos que se les imputan en la trama y dice que ha actuado siempre de forma legal

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