MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
Seis años después de que miles de afectados por la macroestafa de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) perdieran sus ahorros, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 10 años y medio, y 8 años y medio de prisión a los responsables directos de uno de los mayores timos inmobiliarios ocurridos en Madrid.
La CPV cerró en octubre de 2002 sus oficinas dejando a casi 2.000 personas sin piso en los PAUs de los barrios del norte, pese haber adelantado parte del dinero de la compra de las viviendas.
En una sentencia notificada hoy, la Sección Decimoquinta impone la mayor pena de prisión, de diez años, al directo general de CPV, Francisco García Moreno, por un delito de estafa agravada y otro de específica, mientras a sus dos hijos, Francisco y Miguel Ángel, y a un amigo de éstos, Miguel Ángel Morillo, a 8 años y medio por las mismas infracción penal.
Además, el tribunal condena a los testaferros de la sociedad, Adelina Erlés y Alfredo Vázquez, a tres años y dos años de prisión, respectivamente, por un delito de estafa agravada y otro de tipo específica.
En cuanto a la responsabilidad civil, la Sala impone a los administradores de CPV una indemnización que suma 73 millones de euros (cifra que corresponde al dinero adelantado por los estafadas para la compra de sus viviendas), cantidad a la que se añaden otros 24.000 euros por cada inmueble en concepto de la revalorización de su precio.
La resolución se dio a conocer horas después de que cuatro de los seis acusados fueran detenidos por orden judicial ante el posible riesgo de fuga por la gravedad de las condenas impuestas por la Sección Decimoquinta. La sala celebrará esta mañana una visilla en la que las partes personadas, abogados, acusaciones y fiscal se pronunciarán a favor o en contra de su entrada en prisión.
Este procedimiento se inició en febrero de 2000, cuando la propia Junta de Compensación del PAU de Sanchinarro interpuso una denuncia, al comprobar que estaban circulando escrituras falsas de propiedad sobre estos terrenos. La causa llegó a archivarse en 2002 cuando los responsables de CPV presentaron un supuestos aval que garantizaba la devolución de las cantidades. La Junta de Sanchinarro recurrió esta decisión y el caso siguió adelante.
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