El Ayuntamiento de Madrid pagó intereses millonarios por una expropiación iniciada en los años 70 que sigue recurrida

Actualizado: miércoles, 24 junio 2009 13:30

PSOE dice que expropiar el aparcamiento de Santo Domingo-Callao costó 13 millones cuando la valoración inicial era de 2,8 millones

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid tiene que hacer frente a intereses millonarios por expropiaciones que, en algunos casos, se iniciaron en la década de los 70 y que, a día de hoy, están en los tribunales al haber sido recurridas por los vecinos, unos pagos que tiene que asumir la Administración local por la "deficiente gestión del Consistorio y por la dilatación en el tiempo de los trámites judiciales", denunció hoy el portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid en la comisión ordinaria del ramo.

Ese es el caso de una expropiación iniciada en los 70 en el distrito de Carabanchel: si entonces la valoración del justiprecio (importe que paga la Administración al propietario del bien expropiado) por parte de los técnicos municipales fue fijado en 11.994 euros, ahora el Consistorio puede enfrentarse al pago de más de 31 millones de euros, que es lo que demandan los expropiados en un tribunal contencioso-administrativo.

Después de años en distintas instancias, este caso por fin recibió la sentencia del Jurado Territorial de Expropiación, que obligó al Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón al pago a los expropiados de 13 millones de euros, de los que 11,6 corresponden a los intereses acumulados en los últimos ejercicios. De hecho, como expuso el concejal socialista, el interés diario al que tenía que hacer frente el Consistorio por esta expropiación fue de 1.752 euros. Sin embargo, este caso no se ha dado por cerrado debido al recurso vecinal, que reclama un justiprecio mas favorable, superior a los 31 millones.

El edil del PSOE hizo un repaso a otras expropiaciones dilatadas en el tiempo que siguen sumando intereses que tendrán que saldar en su momento las arcas municipales. Ahí está la expropiación de la finca número 8 de Santo Domingo-Callao, que pasó de los 2,8 millones inicialmente propuestos en la legislatura anterior al justiprecio finalmente determinado por el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Madrid en abril de 2007, fijado en 12,9 millones de euros. Esta cantidad se abonará con cargo al presupuesto de este 2009.

MÁS DE 2.300 EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN

En total, y según los cálculos del PSOE, son 2.378 los expedientes en tramitación, muchos de ellos "procedentes del siglo pasado, de la década de los 70, 80 y 90", lo que ocasiona un "perjuicio económico a las arcas municipales por el coste que acarrea". A ello sumó las "diferencias abismales" entre los precios de expropiación fijados por Urbanismo y por el Jurado Territorial.

Por su parte, la coordinadora general de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Beatriz Lobón, puntualizó que, de los 2.378 expedientes existentes, 864 de ellos corresponden a informes antiguos, vivos todavía por tener que pagar sentencias o hacer frente a otras actuaciones.

El resto, 1.514, corresponden a expedientes de los años 2008 y 2009, de los que dijo que están "cerrados" aunque en algunos casos están pendientes de sentencia, que podría dictarse años después . También matizó que se dan situaciones especiales, como los 600 expedientes de expropiación procedentes de un mismo ámbito. Es el caso del Paseo de la Dirección.

Sobre los más de 800 antiguos, Lobón dijo que son "expedientes antiquísimos" heredados de las empresas externas que hasta el año 2000 se hacían cargo de estas cuestiones, con el tutelaje final del Ayuntamiento de Madrid. La coordinadora expuso que cuando la Administración local se hizo con el control total de la expropiación se encontró con más de 5.000 expedientes procedentes de estas empresas, de los que tuvo que comprobar la tramitación practicada, algo que se sigue haciendo.

Por otro lado, el socialista Pedro Sánchez exigió al equipo de Gobierno que cumpla con la Ley de Haciendas Locales porque "hay expedientes de expropiación que no están siendo fiscalizados por la Intervención Delegada de Urbanismo" ya que de este modo se impide el seguimiento de los expedientes y la presupuestación de futuras partidas.