El Ayuntamiento de Palma mantiene que hasta que De Santos declare no decidirá si se persona como acusación particular

Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 1 abril 2008 14:35

PALMA DE MALLORCA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma mantuvo hoy que hasta que el ex regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, preste declaración ante la juez el próximo once de abril por los delitos que se le imputan en relación al presunto caso de malversación de fondos públicos, no decidirá si se presenta o no como acusación particular contra éste.

En declaraciones a Europa Press, fuentes del Consistorio subrayaron que lo más conveniente es "esperar" a ver cómo se desarrolla la declaración del ex regidor para que los servicios jurídicos del Ayuntamiento tomen una decisión. En cualquier caso, si la administración municipal decide presentarse como acusación particular será en el sentido de "reclamar las cuantías económicas" que De Santos utilizó presuntamente de forma fraudulenta para cuestiones de índole privada.

En ningún caso, señalaron las mismas fuentes, el Ayuntamiento se personará "para defender el buen nombre del Consistorio o su honorabilidad", porque para ello "ya existen otros ámbitos más adecuados que el judicial" como el "terreno político", en el que si procede el Ayuntamiento ya se encargará de defender su honor.

Desde el Consistorio añadieron que, además, es "pronto" para tomar una decisión ahora, porque todavía no está claro cuánto dinero público utilizó supuestamente De Santos para sufragar gastos estrictamente privados -que ascienden a al menos 50.000 euros-, de manera que todavía es posible que "los servicios jurídicos del Ayuntamiento tomen una decisión".

A la denuncia de la Fiscalía por presunta malversación de caudales públicos se unen las investigaciones que está realizando el Ministerio Fiscal sobre presuntos delitos de cohecho y prevaricación que podría haber cometido De Santos en el proceso de compra del castillo infantil del Parc de Sa Riera, una obra que tuvo un coste de 1,4 millones de euros y por la que no existe contrato escrito alguno con la empresa beneficiaria.

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