Acusa a Patxi López de tomar "también" la decisión de anular las candidaturas y dice que Conde-Pumpido es sólo una "marioneta"
BILBAO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, afirmó hoy que espera que el Gobierno central "tome nota" de las reflexiones del relator sobre Derechos Humanos de la ONU, Martin Scheinin, sobre extremar las garantías legales antes de ilegalizar partidos, que dicen "lo mismo" que ha venido denunciando el Gobierno vasco.
En declaraciones a Europa Press, se refirió, de esta manera, al informe hecho público por el relator de la ONU, en el que, entre otros aspectos, se pide al Gobierno central que extreme todas las garantías antes de ilegalizar a cualquier organización política.
Azkarraga afirmó que el Gobierno central debería "tomar nota" de esa reflexión, pero indicó que teme que hará "como las avestruces". "Meterá la cabeza debajo de la tierra y tratará de no hacer ni caso a algo que es suficientemente grave", señaló.
"PREOCUPANTE"
El consejero vasco aseguró que las conclusiones del informe son "preocupantes" y detecta problemas "graves de falta de respeto a los derechos humanos en varios campos", como en el ámbito de la definición de lo que es terrorismo.
Azkarraga señaló que el propio relator de la ONU manifiesta que la de la ilegalización es una definición "demasiado amplia" y que se incluyen "conductas que no deberían estar" y va "más allá de lo que recomiendan los tratados de Derechos Humanos". "Se corre el riesgo de meter en el saco a la disidencia ideológica no delictiva que es lo que está ocurriendo en estos momentos con la ilegalización de algunas opciones políticas", aseguró.
Por otra parte, respecto a la forma de probar los delitos, indicó que el informe manifiesta algo que venían denunciando "durante mucho tiempo" y es que "no está garantizado el derecho de defensa con un tribunal como la Audiencia Nacional, que es un tribunal de excepción". "Hay facilidades para la comisión de la tortura gracias a la incomunicación, no es el caso de la Policía autónoma vasca porque no existe esa incomunicación, se abusa de la prisión preventiva, se interroga sin abogados", señaló.
Asimismo, en relación a la imposición de penas, recordó que el Gobierno vasco ha criticado en "multitud de ocasiones" que el cumplimiento efectivo de las penas, -hasta 40 años sin libertad condicional- es contrario a principios como los de resocialización.
En el apartado de la Ley de Partidos, Azkarraga afirmó que en el informe también se hace una referencia a que "tiene el riesgo de castigar y debilitar el derecho de participación simplemente sobre la base de la connivencia ideológica, sin que haya una base delictiva". "Es decir, que se puede pensar como ETA, y, aún no cometiendo ningún tipo de delito, te pueden considerar miembro de una organización terrorista y esto es una barbaridad".
Azkarraga manifestó que lo expuesto en el informe es la "foto" que sacó el Gobierno vasco cuando impulsó el Plan de acción sobre los derechos civiles y políticos en 2007. "Nos felicitamos de que la máxima autoridad mundial en este ámbito confirma nuestra diagnóstico de enorme preocupación, pero nos preocupa que el Gobierno español no sea capaz de reconocer que, aunque la lucha contra el terrorismo es necesaria, no se puede luchar contra el terrorismo sin respetar los derechos humanos. Estos asuntos, en los que a nosotros siempre se nos ha criticado por decir estas cosas, a partir de ahora cuando la máxima autoridad manifiesta lo mismo, deberían de reflexionar quienes están ciegos cuando ahora es la ONU la que dice lo mismo", agregó.
El consejero vasco cree que el Gobierno central y el PSOE tienen la decisión tomada de impedir que la izquierda abertzale esté presente en las elecciones vascas. Azkarraga señaló que la decisión "no es ni del fiscal general, ni de Garzón, la decisión es del propio PSOE y del Gobierno español y, en este caso, del PSE. Es, por tanto, una decisión política, que han adoptado ellos", afirmó.
Azkarraga señaló que esa postura responde a que, "en su estrategia política y en sus cálculos electorales", les conviene que la izquierda abertzale no participe en las próximas elecciones. "Ésa es una decisión que la toma también Patxi López, el fiscal general del Estado es una marioneta del ámbito político, en este caso del Gobierno socialista que es quien le nombra", concluyó.
