MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se unieron hoy a la iniciativa de las tres principales asociaciones de jueces y magistrados para instar al Gobierno que actué, a través de los delegados del Gobierno en cada provincia o la Abogacía del Estado, en relación con la ausencia de la bandera española en determinados edificios públicos del País Vasco, Navarra y Cataluña.
El portavoz AS, la asociación mayoritaria en la Carrera Fiscal, Guillermo García-Panasco, defendió la necesidad de que el Gobierno solicite el cumplimiento de la Ley de Banderas y explicó que el Ejecutivo debería emplear para ello a las delegaciones de las que dispone en cada provincia.
En declaraciones a Europa Press, señaló que la Fiscalía General del Estado únicamente podría instar a un ayuntamiento a que cumpliera esta ley en el caso de que el consistorio hubiera recibido previamente instrucciones para la colocación de la banderas --sea del Gobierno o por parte de los tribunales, aclaró-- y se hubiera negado a izarlas.
"Se trata de una doctrina de aplicación general por lo que mientras nadie inste a que se cumpla su ejecución no deja de ser una mera cuestión administrativa", añadió.
Por su parte, la portavoz de la UPF, Gabriela Bravo, manifestó su adhesión a la iniciativa de la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria porque "la ley es de estricta observancia, y hay que cumplirla".
GOBIERNO Y AUTONOMÍAS
Bravo explicó a Europa Press que el incumplimiento por determinadas instituciones de la obligación de exhibir la bandera española al que obliga la ley 39/81 puede ser causa de la interposición de una demanda contencioso-administrativa tanto por parte de Administración General del Estado como de las Administraciones Autonómicas, a través de sus respectivos servicios jurídicos.
Sólo en el caso de existir una sentencia contenciosa que sea incumplida el asunto podría tener repercusiones penales que permitiesen la intervención de la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia. Tampoco cree que la ausencia de la enseña nacional en determinados edificios públicos pueda encuadrarse en un delito de ultraje a la bandera.
El presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), Santiago Abascal, anunció el pasado viernes que requerirá a un total de 910 ayuntamientos del País Vasco y Cataluña --lo que supone el 11 por ciento de los más de 8.000 consistorios españoles-- que icen la bandera española, con arreglo a la Ley de Banderas, el artículo 4.2 de la Constitución y la reciente sentencia del Tribunal Supremo del 31 de julio.
Según Abascal, en el País Vasco realizarán dicha solicitud en 229 de los 251 consistorios vascos, esto es, en un 92 por ciento de las Corporaciones.
