MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, comenzó hoy su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso apostando por "el diálogo como única herramienta" para que, "desde el respeto, nos lleve a entendernos, aun en el desacuerdo", con la intención de "afrontar reformas con el aconsejable sosiego, con la finalidad de que lo que se apruebe en materia de Justicia sea asumido como patrimonio de todos".
Con él dijo pretender que "los tribunales recuperen el sosiego necesario para cumplir estrictamente con su función, sin agobios e interferencias del resto de poderes, políticos, mediáticos, económicos y sociales en general".
Para convertir el Ministerio de Justicia en "una garantía de la independencia del Poder Judicial, al servicio de la imparcialidad de los jueces; para conseguir la mayor eficacia en su trabajo; respeto a la autonomía del Ministerio Fiscal y, con ello, de la prevalencia del derecho en la resolución de los conflictos, en la persecución y castigo del delito, y en el cumplimiento de la ley", insistió.
"Todos somos responsables de la imagen politizada que los ciudadanos tienen de la Justicia -aseguró el ministro-. Todos somos responsables, si permitimos que esa imagen se traduzca en dudas sobre las resoluciones que dicten los tribunales en aplicación de la ley, en desconfianza de los ciudadanos hacia unos tribunales y jueces deslegitimados. Es necesario que nuestros jueces trabajen con sosiego en la máxima garantía de su independencia."
En este sentido, destacó la labor del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en defensa de la independencia judicial, y recordó que se ha comprometido con sus miembros a contribuir en la medida de sus "limitadas posibilidades" a su renovación y a mantener una estrecha colaboración con el nuevo Consejo "para que continúe la línea de trabajo y entendimiento desarrollada a lo largo de la legislatura en medidas normativas y en el Observatorio contra la violencia doméstica".
DESLEGITIMAR PARA ATACAR AL PP.
En este sentido, el portavoz de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, le acusó de "deslegitimar el CGPJ, para atacar por tierra, mar y aire al PP", dejando "sentir el efecto Bermejo", en la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, que permitirá que el presidente y vicepresidente del alto tribunal permanezcan en sus cargos hasta que dejen de ser magistrados.
Anunció que esa ley y todas las aprobadas sin el apoyo el PP, serán "rectificadas al minuto siguiente" de que los ciudadanos den su confianza al Partido Popular. El ministro, por su parte, recordó que la enmienda lo único que pretendía era dar carácter de ley a una medida de cortesía aplicada siempre, por lo que sólo tendría importancia si alguien pensaba no ponerla en práctica en el futuro.
Además, el ministro le contestó que lo que deslegitima el CGPJ es el riesgo de que, si no se remedia, "se quede ahí como una especie de alma en pena", con menos vocales de los previstos por la ley. Tras negar tener una actitud 'hooligan', como la que dijo haber padecido cuando se le impidió ser reelegido fiscal jefe de Madrid, Fernández Bermejo recordó que ya se han presentado demandas sobre la legitimación del presidente del CGPJ, aunque el Supremo las haya rechazado.
LÍNEAS PENDIENTES.
En cuanto a las reformas pendientes del Ministerio de Justicia, el ministro resaltó la culminación del proceso de reforma de la Oficina Judicial, a cuyo frente se situará el secretario judicial, para que los jueces se dediquen exclusivamente a lo que la Constitución prevé: que decidan.
Otro de los retos será la ley sobre jurisdicción voluntaria y tutela de derechos civiles y mercantiles, y la ley de arbitraje o el proyecto de ley sobre mediación. Además, anunció su deseo de materializar rápidamente las mejoras sociales introducidas en el estatuto de jueces y magistrados por la Ley de Igualdad, así como solucionar el problema retributivo de jueces y magistrados, después de que el acuerdo sobre retribuciones variables fuera suspendido por el Supremo.
En este sentido, Astarloa, le achacó haber hecho "un pálido y anodino resumen" de lo ya anunciado por su antecesor, Juan Fernando López Aguilar. "Y no va a hacer en un año, lo que su antecesor no hizo en tres", dijo para pedirle que "no le engañen en su Ministerio".
NO ADECUADO PARA SER MINISTRO.
"Se va el ministro que negoció el pacto y viene el que lo torpedeó", añadió el portavoz 'popular'. Considera que Bermejo "ha confirmado los peores pronósticos al minuto siguiente de tomar posesión" y le advirtió de que el PP estará "vigilante" y le dará "la respuesta que merece si utiliza el aparato del Estado para perseguir al adversario político".
Por su parte, Fernández Bermejo le contestó que le quiere por la imagen de hombre de Estado que tiene de él por cuando fue secretario de Estado y porque no cree que sus críticas hacia él sean sinceras, sino fruto de "un trastorno transitorio", a lo que Astarloa respondió diciendo que lo suyo "no tiene ningún futuro", porque no lo considera "la persona adecuada para ser ministro de justicia, por una circunstancia política muy clara", en la que se han roto los pactos de Justicia y Antiterrorista.
Fernández Bermejo le recordó que hoy hace tres años que el PP perdió las elecciones y quien nombra ministros no es el Partido Popular, sino el presidente del Gobierno.
MÁS JUECES Y FISCALES.
Para mejorar la lucha en la persecución de los delitos, el ministro afirmó que en esta legislatura se anunció la creación de 1.000 nuevas plazas de jueces y fiscales, objetivo "cumplido con creces", y que en tres años se han creado 385 nuevas plazas de fiscales que aumentarán con 100 más en 2008.
En este sentido, se refirió a los ataques sufridos por la Fiscalía "por cumplir con su obligación de perseguir los delitos", lo que calificó de "otro cáncer corrosivo del sistema". Como solución propuso "fortalecer su autonomía", para que sea más eficiente en el ejercicio de sus funciones.
"Para convertir la Justicia en un instrumento útil en la lucha contra la inseguridad ciudadana, con pleno respeto de las garantías constitucionales, es imprescindible abrir un profundo debate, con vistas a alcanzar en la próxima legislatura un amplio debate, con el modelo del proceso penal", aseguró antes de remitirse a la reforma del Estatuto Orgánico del Estatuto Fiscal, que, en su opinión, responde a las exigencias de autonomía y mejora de capacidad funcional.
"Está claro que de la política criminal responde el Gobierno, según la Constitución -agregó-. Es por ello legítimo que pueda interesar de la Fiscalía la adopción de directrices para llevar a cabo una u otra política criminal, pero debe hacerlo desde el escrupuloso respeto a que los fiscales sólo deban obediencia a la Ley; y en tal medida, sean inmunes a los requerimientos específicos de éste o cualquier Gobierno."
ADAPTARSE AL ESTADO AUTONÓMICO.
El ministro se refirió también al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial adapta la Administración de Justicia al Estado Autonómico, lo que propiciará que adquiera una especial relevancia como encargado de dar coherencia al ordenamiento jurídico, lo que permitirá cumplir compromisos internacionales que reclaman la efectiva implantación de la doble instancia penal sin paliativos.
En este sentido, el ministro, tras agradecer la participación de todos los portavoces, porque "casi todo lo que se ha dicho es enormemente útil", respondió a la portavoz de Eusko Alkartasuna (EA), Begoña Lasabaster, admitiendo que "no se ha avanzado" lo suficiente en las oficinas judiciales ni en la implantación de las lenguas cooficiales.