El BNG pide incluir las lenguas cooficiales y el derecho autonómico en las pruebas de acceso a la Abogacía

Ignacio Cuesta.
EUROPA PRESS
Actualizado: domingo, 5 julio 2015 17:36

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados, a instancias de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández del BNG, ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) dirigida a incluir las lenguas cooficiales y el derecho autonómico en las pruebas de acceso a la Abogacía que deben realizar ahora los licenciados para poder ejercer.

En la exposición de motivos de la PNL, a la que ha tenido acceso Europa Press, se señala que a pesar de que los estudios que habilitan para ejercer de abogado o procurador se realizan en universidades ubicadas en todo el territorio del Estado, el Gobierno optó por realizar la evaluación a través de una única Comisión de ámbito estatal que no tiene en cuenta las normativas autonómicas.

"Así, las pruebas excluyeron totalmente tanto la realización en las lenguas cooficiales del Estado, y la acreditación de conocimientos específicos en materia de derecho propio de cada CC.AA. donde se vaya a ejercer la profesión de forma más habitual", señala la propuesta.

COSTES DE DESPLAZAMIENTO

El BNG advierte además en su propuesta que el Gobierno obliga a que los aspirantes asumiesen los costes de desplazamiento a una única ubicación con independencia de su lugar de residencia.

Según se incide en la PNL el Gobierno hizo en ese caso una interpretación "extensiva" de la Ley "para imponer su centralismo y realizar la prueba de acceso bajo un temario que excluyó la posibilidad de adecuarlo a las distintas peculiaridades que el derecho presenta en el Estado", como sobre todo imposibilitar el ejercicio del derecho a realizar una prueba de acceso a una profesión regulada en el idioma oficial propio de las comunidades autónomas.

Por todo ello, el Grupo Mixto-BNG insta al Gobierno a que en sucesivas convocatorias para el acceso a la profesión de Abogado y Procurador se regule la constitución de distintas Comisiones evaluadoras con carácter ordinario, especialmente en aquellas comunidades que tengan lengua oficial propia y derecho propio, para poder realizar las pruebas en los idiomas cooficiales.

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